La crisis de confianza y las cifras ocultas de la percepción de violencia en México.
7 de octubre de 2025.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025, presentada el pasado septiembre por INEGI, arrojó cifras que demuestran la grave magnitud del fenómeno delictivo en México.
Durante 2024, la ENVIPE estimó la ocurrencia de 33.5 millones de delitos a nivel nacional. Esta incidencia impactó a 23.1 millones de personas víctimas y a 11.4 millones de hogares víctimas del delito. En cuanto a la prevalencia delictiva en las personas, la distribución por sexo mostró una ligera mayoría de mujeres víctimas (52.7%) frente a hombres (47.3%).
Al examinar la naturaleza de los crímenes, se observan diferencias significativas por género. Los datos de 2024 revelan que el número de delitos sexuales fue ocho veces mayor para las mujeres que para los hombres. Además, los delitos más frecuentes que contribuyeron a la alta incidencia incluyen el fraude, el robo o asalto en calle o transporte público, y la extorsión. Respecto a la dinámica del delito, se identificó que los delitos que ocurren por la tarde afectan en mayor medida a las mujeres, mientras que aquellos que ocurren por la noche afectan más a los hombres.
El impacto económico medido por el costo del delito y la inseguridad son representativos. Entre 2012 y 2024, el costo total del delito fluctuó, alcanzando 269.6 miles de millones de pesos en 2024. Como dato histórico, el costo del delito ha representado entre el 1.05% y el 1.33% del Producto Interno Bruto (PIB) a precios corrientes. En 2024, el promedio nacional del costo del delito fue de 6,226 pesos por persona afectada.
Adicionalmente, la sociedad incurre en altos gastos de prevención. El costo total de las medidas preventivas del delito fue de 91.8 miles de millones de pesos en 2024. A nivel de entidad federativa, el costo promedio del delito varió, siendo Sinaloa un ejemplo donde se estimó un promedio de 4,687 pesos por persona afectada en 2024, con un costo total de 3.9 mil millones de pesos para los hogares sinaloenses.
Uno de los hallazgos más críticos de la ENVIPE es la brecha entre el delito cometido y el sistema de justicia mexicano. En 2024, la cifra oculta alcanzó el 93.2% de los delitos a nivel nacional, lo que significa que el 90.4% de los delitos no fueron denunciados o no se inició una carpeta de investigación. Solo 9.6% de los delitos fueron denunciados. En Sinaloa, la cifra oculta fue aún mayor, llegando al 96.3%.
Las causas de la no denuncia son predominantemente atribuibles a la autoridad (63.0% a nivel nacional). Las dos principales razones de la no denuncia son la pérdida de tiempo (32.4% para mujeres, 37.0% para hombres) y la desconfianza en la autoridad (13.3% para mujeres, 14.8% para hombres). La ineficacia institucional se refleja en la resolución de los casos, pues de los 33.5 millones de delitos ocurridos, solo el 0.8% tuvo una resolución favorable en el Ministerio Público.
La inseguridad es, por mucho, la principal preocupación para la población (64.2% a nivel nacional). La percepción ciudadana sobre las autoridades de seguridad y procuración de justicia revela una marcada desconfianza en ciertos cuerpos de seguridad como la Policía de Tránsito que en Sinaloa el 73.5% considera que es corrupta. En contraste, el Ejército y la Marina son las instituciones que ostentan mayor confianza.
Los datos que revela esta encuesta evidencian una profunda crisis de seguridad y un colapso en la confianza institucional. Los resultados de 2025 reafirman la necesidad de políticas públicas que no solo busquen reducir la victimización, sino que también reconstruyan la legitimidad y la confianza en las instituciones encargadas de la seguridad y la impartición de justicia.
