La gente más pobre pidiendo condiciones básicas de vida.

Por: Omar Garfias.

21 de octubre de 2025.

El 16 de septiembre, habitantes de Rosario, de las comunidades más alejadas, bloquearon la carretera a la altura de la comunidad de Palmarito “en demanda de que se atiendan necesidades como alimento, médicos, maestros, transporte y una base militar al sufrir los estragos de la ola de violencia que se ha focalizado en la sierra del municipio”, informó el periódico Noroeste.

Diez días duró el bloqueo, lo levantaron luego de que el gobierno estatal y municipal les prometieran cumplir, ahora sí, con su obligación.

El 13 de octubre los vecinos de la zona serrana instalaron de nueva cuenta el bloqueo en la carretera hacia la sierra. “… el primer acuerdo que no cumplió la autoridad es el sostener un encuentro de seguimiento el pasado 7 de octubre, donde afirman los manifestantes se les dejó plantados”, dice la nota del reportero Hugo Gómez.

“Otros puntos que no se cumplieron es la continuidad en las rutas de transporte, además del abasto de alimentos a las tiendas de las comunidades”.

No cumplen ni lo fundamental y básico. Un gobierno con el que no se puede acordar.

El 15 de mayo, pescadores de la zona centro del estado solicitaron al gobernador Rubén Rocha Moya el adelanto, para junio, del programa Bienpesca estatal que normalmente se entrega en agosto, indicó el reportero Rogelio Félix.

El 25 de agosto, el gobernador estableció que el Bienpesca se entregaría “en agosto y septiembre”. El 29 de septiembre pospuso y dijo que “la siguiente semana”. El 8 de octubre, otra vez pospuso, la reportera Beatriz Piña escribió que “El gobernador Rubén Rocha Moya informó que no será posible otorgar el Bienpesca estatal esta semana”. El 13 de octubre, nueva posposición, la prensa reportó que la Secretaría de Pesca del gobierno estatal: “detalló que el proceso se encuentra en su fase final y que la dispersión de los recursos podría iniciar la próxima semana”.

Ineficiente e ineficaz. Un gobierno que no funciona.

El delito de robo de vehículos sucede en todas las calles, a todas horas, a mano armada y, como víctimas, todo tipo de personas. Es un clarísimo ejemplo de la pérdida de control de territorio. El promedio de robos diario en septiembre fue de 19.7, según los datos de la fiscalía estatal, lo que significa que no ha habido ninguna mejora, sino un aumento del problema, respecto a septiembre de 2024, el primer mes de la narcopandemia, que tuvo un promedio de 14.8.

Antes de esta crisis de inseguridad, de enero a agosto de 2024, el promedio de robo de vehículos era de 7.4.

En Durango, el promedio diario de ese delito fue de 1.2; en Coahuila, 0.9 y, en Yucatán, 0.2. Además, allá sucedieron esos robos en la noche, en zonas alejadas, sin violencia y sin la presencia del propietario.

Aquí, la delincuencia organizada decide lo que sucede en las calles.

Está a su criterio hasta cuándo debe devolver un carro.

La presidenta Sheinbaum vino a Mazatlán a realizar un evento. Los agricultores y campesinos se acercaron a exponerle su problemática. Les respondió que mandaría al secretario de agricultura. Vino ese funcionario, los agricultores y campesinos le expusieron su problemática. Les respondió que lo anotaba y se lo llevaría a la presidenta.

Un gobierno que no da respuestas ni soluciones, solo entretiene.

Ante la sequía histórica que padecimos hace algunos meses, el gobernador solicitó al gobierno de la presidenta Sheinbaum que declarara emergencia por sequía, lo que permitiría recibir apoyo de la Federación para la población que no tenía acceso a agua para consumo humano.

Fue rechazada la solicitud, nos lo informó el Dr. Rocha el 14 de abril, cuando envió una segunda petición… que también fue rechazada.

En la segunda solicitud, el gobernador confesaba textualmente que “la capacidad financiera y operativa del Gobierno del Estado ha sido rebasada para atender por sí misma la totalidad de los efectos de este fenómeno natural” y, cito el boletín de prensa del gobierno, “al contar con plantas potabilizadoras, también se podrá llevar agua para consumo humano, es decir, agua potabilizada y tratada para tomarse por las personas. Ese operativo es costoso, nos puede auxiliar el Gobierno Federal porque ellos tienen dentro de sus programas la posibilidad de estas emergencias”.

Un gobierno federal insensible y un gobierno estatal sin capacidad de gestión.

En los medios podemos encontrar noticias como “El que sería el centro comunitario Marco Verde permanece inconcluso y abandonado pese a la inversión de 96 millones de pesos” o “Violencia desploma la venta de autos a la mitad” o “cumplen tres días sin electricidad en Trébol II” o “De 36 obras programadas en Mazatlán, 13 se cancelaron” o “por violencia cancelan el vuelo de la noche” o “comité de búsqueda de membrete, tres meses y medio después del evento, no se ha hecho nada” o “ni guantes médicos hay en el Hospital de la Mujer”.

¿Vivimos en un “Estado fallando”, con altos niveles de criminalidad y violencia donde la economía se ve marginalmente afectada, pero el crimen se mantiene contenido por fuerzas del orden que actúan mediante operaciones concentradas, frecuentemente reactivas?

¿O vivimos en un “Estado Fallido” donde el gobierno mantiene la voluntad de combatir al crimen organizado, pero está desbordado por el poder de la delincuencia. El número de delitos cometidos resulta en una violación extensiva del Estado de derecho y el gobierno no cuenta con los recursos materiales, humanos, financieros o de inteligencia para reprimirlos?

¿O vivimos en un “Narcoestado” donde independientemente de que el gobierno esté desbordado o no en el combate al crimen, las instituciones están infiltradas al grado que sus acciones no solamente no combaten sustancialmente las actividades delictivas, sino que defienden y promueven los intereses de los grupos criminales?

Las respuestas a esta tipología, planteada por García Kobeh y Mariscal, indican los caminos que debemos seguir para cambiar este gobierno que, claramente, no sirve.