Traía la cabeza caliente y no hubo forma de enfriarla. Decisión políticamente desangelada.
Jueves 12 de mayo de 2022.
La decisión del Gobernador de separar del cargo de Secretario de Salud a Héctor Melesio Cuén quedó muy lejos de la seriedad con la que debe conducirse un político y un gobernante. Hacer uso, primero, de las tribunas públicas para desacreditar a un servidor público no fue bien visto por muchos por los términos en que lo atacó.
El Gobernador es garante de la constitucionalidad y la legalidad. Causó sorpresa que públicamente haya exhortado a sus funcionarios para que si alguno tenía denuncias contra periodistas desistiera de ellas o se separara del cargo para darles seguimiento fuera del gobierno.
Una medida arbitraria porque no está dentro de sus facultades quitar derechos a quienes con legalidad los han deducido ante los tribunales.
La exhortación fue para los funcionarios que tuvieran demandas o denuncias contra periodistas. La advertencia tenía destinatario, Héctor Melesio Cuén.
Los presuntos afectados, Luis Enrique Ramírez y María Teresa Guerra Ochoa. Uno lamentablemente fallecido y con quien, al parecer, las diferencias habidas quedaron saneadas amigablemente.
¿María Teresa Guerra Ochoa? no es periodista que se sepa, es parte de un programa radiofónico de análisis político, muy escuchado y con créditos aceptables, no tiene licencia para ejercer el periodismo.
Causó sorpresa la postura del Gobernador, porque el derecho a la justicia es igual para todos, la constitución y la ley, no lo distinguen.
Los tribunales como órganos del gobierno son los que deciden la legalidad del derecho invocado y presuntamente violado. No es el gobernante en un estado democrático y de derecho quien ejerce el poder absoluto, el poder monárquico que ejercieron los reyes ya quedó en el pasado.
El Gobernador se excedió en sus atribuciones y dictó una advertencia autoritaria porque violaba derechos fundamentales del gobernado. Amenazó los derechos y prerrogativas legítimas que la ley concede a todo ciudadano, incluso hasta a los criminales.
Obligar a un ciudadano que tenía la calidad de funcionario público a desistirse de un derecho constitucionalmente válido, era violar la legalidad porque le estaba imponiendo una arbitraria porque transgredía los derechos derivados de los artículos 1, 14, 16, 17 y demás aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El servidor público destituido no violó normas jurídicas que merecieran su destitución del cargo que ocupaba. Debió recurrirse a otros motivos, pero no el que se utilizó para la separación consumada. Un acto canallesco contra un aliado político pesará en la conciencia del gobernante.
La destitución de Héctor Melesio Cuén Ojeda, ni siquiera mereció un gesto de cortesía y caballerosidad como aliado político y parte de la administración gubernamental, ya que le fue comunicado por oficio y publicado a través de los medios de comunicación.
Quedaron ausentes los valores del respeto y la decencia que toda persona debe merecer.
¿Tendrá punto de comparación lo hecho por el Gobernador frente al juicio político que se le instruye al Lic. Jesús Estrada Ferreiro por el Congreso del Estado?
La advertencia realizada y la consumación de la misma, está documentada ¿Podrá ser materia de juicio político en un Congreso dominado por la corriente política afín al mandatario?
Que lamentable que a seis meses de iniciada la presente administración gubernamental, se estén abriendo demasiados frentes de conflictos políticos, mientras el Estado se sumerge en un pantano de inseguridad e impunidad que cada vez más amenaza la tranquilidad general.
¿Usted qué opina?
