EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA. INSITUCIONES POLICIALES


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Imponer un modelo de formación policial, fue el punto de inicio de un discurso gubernamental ambicioso difundido hace poco más de veinte años, que hasta la fecha no ha podido ser aterrizado.


Martes 14 de septiembre de 2021.

Cuantiosos recursos se destinaron para apuntalar el proyecto, y se trabajó intensamente para expedir los manuales de formación para los operadores del sistema. Policías preventivos, investigadores y peritos. Como política pública, también se implantó la obligación de capacitar a los agentes del ministerio público como parte de una política integradora del sistema nacional de seguridad pública.

El Consejo Nacional de Seguridad Pública, se encargó se acordar de manera obligatoria como requisito de ingreso evaluar a todos los aspirantes a policías, peritos y agentes del ministerio público, como política de saneamiento en los operadores de la seguridad pública del País. Obligados quedaron también los elementos activos para su permanencia en el sistema.

Como en todo proyecto, se partió de ideales y criterios nocivos al mismo tiempo. La evaluación de control y confianza se aplicaría manera obligatoria para aspirantes y activos. Los criterios de evaluación serían establecidos por los centros nacionales de evaluación de control y confianza creados para tales fines. El inconveniente fue que no se consideraron criterios diferenciados para personal operativo, para mandos policiales operativos y directivos, para peritos y agentes del Ministerio púbico. El garrote pegó por igual a todos. Muchos años después se aceptaría el error.
Se arraigó el absurdo criterio que todos los policías estaban dañados por sus complicidades con la delincuencia. Que daban protección a miembros de la delincuencia organizada. Que estaba infiltrada y otros calificativos que denostaban por igual a policías aptos y policías corruptos.

Lo cierto es que han sido los compromisos políticos gubernamentales con miembros de la delincuencia organizada, lo que ha permitido descomponer el profesionalismo de los miembros de las instituciones policiales. Nombrar mandos inconvenientes ha permitido corromper la policía.

Los corruptos han sido los más favorecidos con las evaluaciones, con algunas excepciones. Los hipertensos, diabéticos u obesos, son los que han abultado las listas de las llamadas depuraciones policiales. En otras palabras, los “corridos”.

El uso de las fuerzas armadas en los asuntos de seguridad pública cada vez cobra mayor fuerza. Los mandos militares en las instituciones policiales se multiplican, y los civiles cada vez se vuelven más raros. Se viola la Constitución Federal y los señores del Congreso no solo lo admiten, sino que se prestan para aprobar reformas a todas luces contrarias a la misma carta fundamental del País.

Se crea la policía militarizada o sea la Guardia Nacional. Se le otorga su propia Ley y se exigen los mismos requisitos. Evaluación de control de confianza, formación inicial, competencias básicas y profesionales, todo relacionado con el desempeño policial. Pero resulta, que los miembros de la Guardia Nacional, no han cumplido los mínimos exigidos por la ley para tener el Certificado Único Policial (CUP). No han acreditado ser aptos para el servicio policial y tampoco tienen el curso de formación inicial porque el llamado requisito equivalente es para ser soldado no policía, que son funciones diferentes.

Señor Presidente, atentar contra el carácter civil de las instituciones policiales, ha sido y es un sacrilegio. Que le informen bien, el porcentaje de aptos en la Guardia Nacional es irrisorio, que no se comprometa la legalidad al creer que un soldado podrá ser policía.
¿Usted qué opina?

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