Los esfuerzos de los gobiernos estatal y federal no dejan lugar a dudas de que son intensos y con decisión para parar la inseguridad.
10 de febrero de 2026
La movilización es numerosa en cuanto a la fuerza que participa en los operativos que se tienen instrumentados para enfrentar cualquier expresión de la delincuencia organizada, no aportan como se quisiera los resultados esperados.
La sociedad quiere plazos, pero en este tema difícilmente se podrán establecer reglas de temporalidad porque la violencia ni las conductas criminales están a cargo del control de la ley o del gobierno. Son sancionables sí, pero adivinar quien tiene planeado cometer un delito, es una función que apenas con bola de cristal se pudiera conocer.
El iter criminis como camino del delito, tiene diversas fases, pero no todas quedan sujetas a la jurisdicción del derecho penal, ya que la ideación y deliberación no constituyen delito ya que el pensamiento como lo establece la dogmática penal no delinque. La resolución final que determina la realización jurídica y material del delito. Etapa que detona la diversidad de efectos que genera la conducta criminal como la tentativa y el delito consumado.
Las policías enfrentan ese dilema. Comparten espacios comunes en los que los recorridos policiales no distinguen a los personajes que pueden ser los generadores de violencia y la obligación de esperar a que se cometa un hecho para poder intervenir. La sospecha no constituye ningún delito.
Los filtros de revisión policiales si, son útiles para inhibir al delincuente. Pero ineficaces para detener a probables responsables de los delitos. La detención en esos puestos policiales apenas los ingenuos se atreverían a desafiar un filtro policial con armas, explosivos, droga o cantidades elevadas de dinero en efectivo o cualquiera otro objeto que pudiera tipificar algún delito en particular. Es un hecho que no tiene ninguna discusión porque es la opinión social mayoritaria.
La inteligencia para la seguridad pública debe tener sus propios protocolos, así como está reglamentada para la seguridad nacional. El sistema nacional de seguridad pública debió preservar sus atribuciones de origen, el inconveniente fue, que por razones políticas dejó de ser el ente coordinador de las instituciones policiales y de procuración de justicia.
Los hechos que ocurren en el territorio nacional y en particular en Sinaloa, merecen toda la atención gubernamental ya que los cuestionamientos en su mayoría señalan al Gobernador del Estado como el responsable de la inseguridad que sufre el pueblo de Sinaloa.
Esas afirmaciones, desde luego, que carecen de objetividad y sustento, ya que el fenómeno de inseguridad que registra Sinaloa es algo que va muchos más allá de los tiempos en que este gobierno iniciara sus funciones, solo que por razones políticas los grupos contrarios al partido gobernante o sea Morena, quieren atribuirle esa responsabilidad y que no han hecho eco.
Quienes hemos vivido en Sinaloa y realizado la mayor parte de nuestras actividades en el sector público, podemos dar testimonio de que la inseguridad ha sido y es todavía un fenómeno que se ha dificultado erradicarlo. Pero tampoco hay que desconocer que el pasado estuvo muy marcado por complicidades con personajes relacionados con la delincuencia organizada, y que algunos mandos policiales fueron designados directamente por gobernadores y que no gozaban de fama pública favorable. Grupos de la sociedad civil organizada se manifestaron en diversas ocasiones de la inconveniencia de esos nombramientos, pero, aun así, se ignoró y fueron instalados en esos puestos.
El Gobernador Rocha Moya, ha sido cuidadoso en nombrar en las titularidades de las policías, cuando menos en la del estado y en la de la ciudad capital, personal militar, que, aunque no comulguemos muchos de la presencia militar en esos puestos, se tiene el voto de confianza que las complicidades del pasado se destierren totalmente.
¿Usted qué opina?
