Sinaloa no solo tiene un problema de delincuencia. Tiene un problema de impunidad.
7 de julio de 2026.
Ya lo hemos señalado en este espacio de opinión, que cuando hay perfiles profesionalmente inidóneos para ocupar cargos en las instituciones de procuración de justicia, la criminalidad se convierte en un problema matemático ya que los registros delictivos crecen al no llevarse a cabo investigaciones exhaustivas que aterricen con la captura del o de los responsables.
La investigación criminal, no es de formatos. Es ciencia en movimiento. Es litigación estratégica. Es entender redes financieras y de macrocriminalidad. Pero como los hechos hablan por sí mismos, se prefiere cercanía política que capacidad y experiencia técnica.
Los fiscales integran carpetas de investigación, pero vacías en un buen número de los elementos requeridos para imputar y asegurar autos de vinculación a proceso cuando menos. Asegurar sentencias condenatorias, es otra historia. Se recurre al juicio abreviado.
Buena cifra de los delitos que se cometen, el ministerio público no sabe por dónde empezar. Traza, en muchas de las veces, líneas de investigación que se pierde en ellas porque no sabe ni siquiera como construir su teoría del caso.
Por ello, se ha recurrido a investigar lo fácil y dejar en los archivos del olvido, los asuntos complejos. Esos asuntos complejos, por su importancia no se investigan de fondo por sus condiciones de riesgo a la seguridad personal de quien tiene a su cargo la investigación o servidores públicos de mayor poder de autoridad con determinación para atacar las redes financieras que fortalecen esas agrupaciones criminales.
El problema es sumamente serio, ya que de diez delitos que se cometen solo se denuncia uno, lo que quiere decir, que la cifra negra, es mucho más alarmante que los delitos que se conocen. Pero no todo puede dejarse sin comentar, ya que de esos delitos que se denuncian, menos del 3% llega al dictado de sentencia.
También hemos dejado claro que por cada agente del ministerio público se le registran más de trescientas denuncias al año, lo significa, que cuando menos, deberá integrar un número igual de carpetas de investigación
El número recomendable de denuncias para carpetas de investigación, por agente del ministerio público, debe ser en alrededor de sesenta. La cifra excesiva de denuncias por agente investigador, rebasa sus capacidades y por ello, se recurre al archivo temporal, al no ejercicio de la acción penal, menos resolver sobre los hechos denunciados para abatir la impunidad
La ciencia en la investigación carece de temor, recurrir al testigo no siempre es la vía más recomendable, porque es sensible a la amenaza. No hay que descartar en ningún caso que el delincuente fácilmente recurre a la amenaza o a la extorsión para evitar que un testigo lo incrimine en sus declaraciones.
La procuración de justicia y en general el sistema de seguridad pública, requiere que urgente atención. La impunidad es alarmante y la ineficiencia en la investigación cada vez es más pobre en sus resultados.
Los delitos que se denuncian y la cifra negra que queda en el daño ciudadano, es un mensaje nada favorable, porque con esos datos alarmantes de delitos impunes, es tanto como decirle a las víctimas del delito no denuncies porque de nada sirve que lo hagas. Te expondrás a males mayores porque son más las probabilidades de que no se resolverá.
Que decepción. Con esos estándares de impunidad, el gobierno pierde legitimidad y el crimen gana gobernabilidad. Profesionalizar el ministerio público y las instituciones policiales, es un imperativo.
Los datos de percepción ciudadana no son favorables sino de preocupación, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública, del INEGI, que tiene como finalidad medir la incidencia delictiva, los costos de los delitos y evaluar la percepción ciudadana sobre seguridad y el desempeño de las autoridades ¿Un reto para la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública?
¿Usted qué opina?
