El uso abusivo de las redes sociales lleva a sus autores a la difamación y la diatriba.
30 de diciembre de 2025.
Gran parte de sus contenidos están muy lejos de considerarse opiniones de crítica o de propuesta. Una tendencia peligrosa, como expone, expone a cualquiera a la ofensa sin escrúpulos.
Cualquier persona pude y tiene el derecho de expresarse, es un puntal que sostiene los principios de nuestro régimen democrático y de libertades.
Pero ese derecho, no es ilimitado o que no tenga ninguna frontera de restricciones. La Constitución Federal le impone límites para que no se ofendan arbitrariamente los derechos de terceros y la moral ciudadana.
Sin embargo, las redes sociales han sido utilizadas para lanzar mensajes que se apartan del respeto personal y llegar a la injuria de manera abusiva y arbitraria. Cualquier persona está con un poder ilimitado para descargar odios y ofender a cualquiera.
Hasta que punto la autoridad pública debe tener responsabilidad para regular el nivel de violencia y el ciberacoso que se ejerce por muchos utilizando estas plataformas de comunicación masiva.
La calumnia, la injuria y el daño moral que producen deben tener una sanción ejemplar para evitar que se sigan sumando montañas de basura contaminante en perjuicio de personas y de grupos sociales que se ven en mentes perversas de quienes se escudan en una libertad que no es ni debe ser permitida a esos niveles de ofensividad.
La autoridad pública se ve expuesta con señalamientos que pueden estar o no en la realidad objetiva de quien los expresa. El problema es la forma tan irresponsable en que se hace uso de ese supuesto derecho que no ayuda a mejorar la salud social sino que produce irritación y conduce a la confrontación.
Los contenidos de odio y de injuria, se protegen por sus autores utilizando en muchos casos nombres supuestos o escudados en el anonimato. Las víctimas son numerosas y se les deja en un completo estado de indefensión.
Los ciudadanos ofendidos llenarían las agencias del ministerio público o los juzgados civiles con denuncias o demandas, por falsedad en los hechos y por el daño moral que se causa. Llevar a los tribunales estos casos sería dedicarle muchas horas a la defensa personal contra ese tipo de delincuentes.
Desde el Congreso, debe procederse con urgencia a la revisión de la legislación penal para insertar el o los tipos penales que permitan detener esa forma abusiva de delinquir con impunidad.
Los diputados no estarían incurriendo en violación de ningún derecho fundamental del ciudadano si se parte de la premisa que la crítica ofensiva e injuriosa debe ser evitada pero también sancionada. Ya basta que grupos de la sociedad civil actúen con impunidad escudados en una falsa libertad que no permite la constitución federal.
La fiscalía estatal, debe organizar una estructura que investigue de oficio ese uso abusivo de las redes sociales y abrir de oficio carpetas de investigación sin necesidad que la persona o personas ofendidas tengan que excitar la función ministerial para que puedan actuar.
El orden y la salud social son un imperativo que obliga a la autoridad a velar porque se cumpla. Todo individuo escudado en el uso de libertades abusivas o ejerciendo labores de un supuesto periodismo que en algunos casos está muy lejos de reconocerse como una actividad profesional por lo corriente y lo vulgar de sus contenidos, que lejos de informar con lealtad a la sociedad, con objetividad e imparcialidad, se utiliza para la ofensa y para injuriar. Ya basta. Urge se reforme la legislación penal en defensa del ciudadano en general.
En el Congreso estatal está la respuesta.
¿Usted qué opina?
