Quiérase o no, haber sacado de los cuarteles a la milicia es un atentado a la constitución y al carácter civil de las instituciones policiales.
9 de julio de 2026.
No hay error, no hay lectura equivocada del texto constitucional. El artículo 21 de la carta fundamental del país, en el párrafo décimo, dice lo siguiente: “Las instituciones de seguridad pública serán disciplinadas, profesionales y de carácter civil”.
La participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública es un inconveniente, debe ser excepcional y constitucionalmente acotada. Haber habilitado la fuerza militar para intervenir en asuntos civiles es un error político de consecuencias irreversibles.
Los artículos 16 y 129 de la constitución federal, fueron redactados de manera tal que las fuerzas armadas quedaron acotadas para evitar que en tiempos de paz participaran en asuntos de carácter civil, como es el caso de las labores de policía.
En efecto, y para que quien se interese en lo que dicen dichos preceptos, señalan: 16, último párrafo, “En tiempo de paz ningún miembro de la Fuerza Armada permanente -el Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y la Guardia Nacional- podrá alojarse en casa particular contra la voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna. En tiempo de guerra los militares podrán exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones, en los términos que establezca la ley marcial correspondiente.” 129, En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tenga previstas en esta Constitución y las leyes que de ella emanen. Solamente habrá Comandancias Militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las tropas.
Por ello, no puede rehuirse al comentario de que la reforma a los artículos transitorios de la constitución federal fue un error político de consecuencias futuras insoslayables. La milicia solo responde a los mandos militares y no a los civiles. Disponen discrecionalmente del presupuesto para movilizar numerosos elementos de tropa, sin que haya autoridades que los fiscalicen.
Los legisladores dominantes del poder legislativo imponen sus condiciones, lamentablemente no hay ni ha habido oposición que razone las inconveniencias políticas de disponer de la fuerza militar en asuntos de policía.
Las instituciones de policía civiles representan principios solidos de la democracia civil y el contrapeso a la fuerza armada para establecer los equilibrios del gobierno civil frente a la fuerza militar.
Se ha dicho demasiadas veces, que la fuerza militar no está entrenada para investigar y tampoco para fungir como policías de proximidad. La formación militar es ruda, es para conflictos bélicos y no solamente decir que están preparados para defenderlos derechos humanos. Este principio universal es respetado hasta en la guerra tratándose de prisioneros en combate.
La lógica militar es neutralizar al enemigo, no proteger al ciudadano. La militarización impacta en costos elevados a los presupuestos estatales y municipales, ya que se les recorta para poder sostener la fuerza militar en el estado.
Aunque no les guste reconocer a los señores del Consejo Estatal de Seguridad Pública, y en particular a los de la Coordinación General del mismo, debilita a las policías, las abandonan y el trato que reciben de los mandos militares es de rechazo y desconfianza.
Se pierde la carrera policial, pertenencia a la institución y los alejan de la dignidad salarial y en sus prestaciones. Eviten la patología política militar.
No está por demás, señalar: Cuidado con priorizar el uso de la fuerza letal. Al delincuente se le captura para su castigo, no deben ser blancos de los fusiles militares.
¿Usted qué opina?
