El escenario político económico se prefigura en tres posibles variables en donde el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, se mantiene como un factor de presión y posible moneda de cambio en la estrategia de la administración de Claudia Sheinbaum Pardo.
30 de junio de 2026
Mientras la Secretaría de Economía encabezada por Marcelo Ebrard, se alista para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), por formalizarse el 1 de julio, el escenario político económico se prefigura en tres posibles variables en donde el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, se mantiene como un factor de presión y posible moneda de cambio en la estrategia de la administración de Claudia Sheinbaum Pardo.
La desclasificación de la acusación penal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) el 29 de abril de 2026 sobre el gobernador con licencia de Sinaloa y otros nueve funcionarios de su administración, entrelazó la agenda de seguridad con el proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Este giro responde a un cambio estructural analizado por expertos en geopolítica, quienes señalan que la seguridad y el combate al narcotráfico se convirtieron para Washington en condicionantes explícitas de la integración económica. De acuerdo con análisis elaborados por investigadores del Center for Strategic and International Studies (CSIS), el Departamento de Justicia de los Estados Unidos instrumentalizó la acusación contra gobernantes en funciones del partido oficialista (Morena), como una de las herramientas de presión que la Casa Blanca mantenía en reserva para forzar una cooperación sustantiva en materia migratoria y de combate al fentanilo.
La presión de EU tuvo un impacto inmediato en el calendario del acuerdo comercial. La revisión del T-MEC, inicialmente proyectada para iniciar el 26 de mayo de 2026 (sin la participación de Canadá), experimentó retrasos en sus fases de negociación.
El riesgo
Voces legislativas de México plantearon en las últimas semanas, la posibilidad de que el congreso norteamericano no ratifique el tratado si el gobierno mexicano no procede con la detención y extradición de Rocha Moya.
El diputado panista Miguel Ángel Salim Alle advirtió a principio de este mes, que si México no entrega al Gobernador con licencia de Sinaloa, Estados Unidos no va a ratificar el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
“Nosotros (los legisladores) estamos esperando que se firme el T-MEC, siempre y cuando, México haga lo que tenga que hacer y el tema número uno que México tiene que hacer para este tratado es entregar a Rocha Moya”, refirió en una entrevista.
Lo mismo advirtió la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien enfrenta actualmente un proceso legal en calidad de testigo ante la Fiscalía General de la República (FGR) por una supuesta intervención no autorizada de agencias estadounidenses en un operativo de seguridad en la Sierra.
Ante medios locales, la mandataria estatal advirtió que México corre el riesgo de perder el T-MEC y de sufrir una incursión extranjera debido a la supuesta impunidad en la que el gobierno federal mantiene el caso de Rocha Moya.
La respuesta la dio Sheinbaum en la conferencia matutina del 23 de junio cuando descartó que la situación legal del gobernador de Sinaloa genere tensiones o riesgos para el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Aseguró que el acuerdo trilateral avanza de manera permanente, independientemente de las diferencias en materia de seguridad.
En medio de este escenario, el inicio de las conversaciones formales programadas para junio se desplazó a julio de 2026. Este aplazamiento generó incertidumbre en sectores industriales, como el automotriz, electrónico y agropecuario, donde los daños por una eventual no ratificación se estiman de alcance incalculable para la estabilidad cambiaria y macroeconómica de México.
Choque político
La confrontación por el control territorial de Sinaloa provocó un choque de narrativas entre los gobiernos de Donald Trump y Claudia Sheinbaum Pardo, y reveló visiones incompatibles sobre la jurisdicción internacional y el principio de soberanía nacional.
El discurso de la administración de Donald Trump se fundamenta en la equivalencia jurídica entre los carteles de la droga y las organizaciones terroristas extranjeras. Tras decretarse dicha denominación para seis carteles mexicanos, la retórica del Departamento de Justicia adoptó un tono de beligerancia abierta.
El Fiscal Federal del Distrito Sur de California, Adam Gordon sintetizó la visión oficial al emitir una advertencia pública en la que señaló que los líderes de estas organizaciones y sus supuestos protectores políticos han dejado de ser “los cazadores” para convertirse en “los cazados”. Agregó, además, el uso de capacidades militares de no existir una entrega expedita.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo erigió en las últimas semanas, una defensa basada en los principios de reciprocidad jurídica y soberanía constitucional frente a lo que califica como injerencismo judicial del exterior. El discurso del ejecutivo mexicano argumentó que la fiscalía estadounidense pretende erigirse en el “principal elector de México” con miras a los comicios intermedios de 2027 mediante imputaciones de orden eminentemente político.
Sheinbaum señaló que la detención provisional con fines de extradición de Rocha Moya y los coacusados debe partir de la presentación de “pruebas contundentes e irrefutables” procesables bajo el sistema penal acusatorio mexicano, señalando que la Constitución obliga a proteger a cualquier ciudadano de persecuciones de carácter geopolítico.
Las variantes
Un análisis con base en datos verificables de cara a la revisión del T-MEC, el próximo mes de julio reveló tres posibles escenarios. Entre ellos, las variantes. Este escenario asume que el gobierno de Sheinbaum mantendrá una retórica de confrontación y soberanía nacional de cara a la opinión pública, mientras negocia tras bambalinas las condiciones de una entrega diferida. Conforme se acerque el límite de las negociaciones arancelarias del T-MEC en el verano de 2026, y ante la inminencia de aranceles punitivos a las manufacturas mexicanas, la FGR podría reactivar sus propias carpetas de investigación contra Rocha Moya en Sinaloa.
Al hallar supuestos “elementos delictivos locales”, el gobierno de México procedería a detener a Rocha Moya bajo leyes nacionales para posteriormente autorizar su extradición. Esta ruta permitiría al Poder Ejecutivo federal salvar la narrativa de soberanía constitucional (justificando que la detención se realizó bajo la jurisdicción nacional y no por imposición de la Casa Blanca) al tiempo que elimina el principal obstáculo político para la firma del acuerdo comercial de Norteamérica.
Bloque institucional
En este escenario, la administración mexicana opta por priorizar la cohesión del partido oficialista y evitar que una rendición judicial ante Washington desate un efecto dominó que comprometa a otros gobernadores y secretarios del gabinete federal también señalados por las agencias de seguridad norteamericanas. El Senado de la República y el Congreso del Estado de Sinaloa bloquean formalmente cualquier intento de desafuero contra Rocha Moya e Inzunza Cázarez.
La consecuencia económica inmediata de este impasse sería la parálisis de las negociaciones del T-MEC, el incremento del tipo de cambio y el retraimiento de los flujos de nearshoring ante la falta de certidumbre jurídica. Políticamente, este escenario consolida la ruptura de la cooperación en seguridad, congelando los canales de comunicación de las agencias de inteligencia de ambos países.
Quiebre bilateral
Ante la inacción deliberada del gobierno mexicano y bajo la premisa de la doctrina de seguridad nacional estadounidense de que los implicados en Culiacán continúan facilitando el envío de precursores químicos y fentanilo, agencias de inteligencia norteamericanas ejecutan una extracción extrajudicial o una captura unilateral de Rocha Moya o sus coacusados.
Esta operación, de corte similar a la captura de capos históricos de la droga en suelo nacional, se justificaría bajo los estatutos antiterroristas de la administración de Donald Trump. El desenlace de una acción de esta naturaleza implicaría la ruptura total e inmediata del T-MEC, la imposición de sanciones financieras directas al Estado mexicano y una crisis diplomática de proporciones históricas entre ambas naciones.
El riesgo
David Saucedo, consultor en seguridad, advierte que de prolongarse el bloqueo administrativo a la extradición, el gobierno de Donald Trump podría optar por la vía de la “captura unilateral” fuera del marco del tratado bilateral, tal como ocurrió en los casos históricos de Ismael “El Mayo” Zambada o en las operaciones judiciales contra el presidente venezolano Nicolás Maduro.
La presión ejercida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios públicos por presuntos nexos con el crimen organizado, abre grietas de desconfianza mutua entre los gobiernos de México y Estados Unidos.
Así lo advirtió Jesús Pérez Caballero, Doctor en Seguridad Internacional. Señaló que, más allá de la batalla legal, el proceder unilateral de Washington al exigir la entrega o extradición de un mandatario con mandato vigente fractura las narrativas de consenso que históricamente sostenían la cooperación bilateral.
Ante la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, delineó las prospecciones del gobierno mexicano, destacando que el objetivo primordial es asegurar la certidumbre para la inversión mediante una extensión de la vigencia del acuerdo por 16 años.
En recientes entrevistas, Ebrard aclaró que, contrario a los temores de una ruptura total, la hipótesis de que Estados Unidos se retire del tratado no existe, dado que no se ha presentado la notificación oficial de seis meses requerida.
Sin embargo, el funcionario advirtió que el escenario más desfavorable para México sería que el tratado permanezca vigente solo por 10 años sujeto a revisiones anuales.
Según el secretario, un esquema de revisión cada doce meses generaría una fuerte incertidumbre para los inversionistas, especialmente en sectores que requieren planeación a largo plazo como el automotriz, el electrónico y la producción de acero.
“No le puedes decir al inversionista: oye, cada año voy a ver si sí o no”, argumentó Ebrard al defender la necesidad de un horizonte de 16 años.
