Las prioridades sociales frente a los retos de infraestructura y energía en México.
23 de septiembre de 2025.
El Paquete Económico 2026 marca un nuevo capítulo en la política presupuestaria del país. Con un aumento del 9.5% en términos reales respecto a 2025, el gasto público se distribuye entre 27 ramos administrativos que reflejan, más que simples números, una definición clara de prioridades políticas y sociales. Sin embargo, la asignación de recursos revela tensiones entre el impulso a programas sociales y el rezago en rubros estratégicos para el crecimiento económico y la competitividad nacional.
Entre los ganadores del presupuesto destacan la Secretaría de Energía, que canalizará capital a Pemex, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, y la Secretaría de Bienestar.
En particular, el gasto social adquiere un peso inédito: los recursos destinados a pensiones de adultos mayores y programas de mujeres con bienestar son por el orden de los 583,477 millones de pesos, superan a los asignados en conjunto a educación y salud, 579,842 millones de pesos.
Este dato refleja un viraje hacia la consolidación de políticas equivocadas de distribución, pero también plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del desarrollo a largo plazo.
En contraste, los perdedores presupuestales son sectores vinculados a la seguridad, la cultura y el desarrollo territorial, como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano. Estos recortes generan preocupación en áreas sensibles que inciden en la cohesión social y en el fortalecimiento institucional.
Uno de los rubros de gasto más polémicos es la inversión energética. Pemex, con el objetivo de elevar la producción a 1.8 millones de barriles diarios, enfrenta una realidad de 1.648 millones y una deuda bruta de 1.87 billones de pesos.
Para darnos una idea, lo que esta empresa paraestatal perdió en 2024, es equivalente a 40 mil millones de dólares, suficientes para haber comprado una empresa tan importante a nivel mundial como X o Twitter.
En el sector eléctrico por su parte, la CFE destinará solo 10.3 millones de pesos a proyectos de transmisión, lo que equivale a apenas 6.3% de lo necesario para ampliar la red en el periodo 2025–2030. La brecha entre metas y recursos es más que evidente.
El rubro de infraestructura también genera debate. La mayor parte del presupuesto en este ámbito se dirige a proyectos ferroviarios de pasajeros, con 104.6 mil millones de pesos a nuevos trenes, 30 mil millones de pesos al Tren Maya y 7.4 mil millones de pesos al Interurbano México-Toluca.
Si bien estas obras generan empleo en el corto plazo, no fortalecen la competitividad estructural a largo plazo del país. La falta de inversión en infraestructura logística de carga, así como en agua y energía, limita la capacidad de atraer inversión extranjera y de sostener un crecimiento económico robusto.
El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 exhibe una apuesta política clara: privilegiar el gasto social y los proyectos emblemáticos del gobierno frente a sectores estratégicos para el desarrollo económico.
Esta decisión, aunque coherente con una visión redistributiva y de bienestar inmediato, abre un dilema sobre la sostenibilidad fiscal y la capacidad del país para generar crecimiento en el mediano plazo.
La lucha entre inversión social y económica no es nueva, pero en este presupuesto alcanza un punto crítico: México fortalece su red de apoyos sociales mientras posterga la inversión en infraestructura, energía y agua, pilares fundamentales para garantizar el desarrollo futuro.
Sin embargo, sabemos cuál es la estrategia del gobierno, todo apunta a la compra de voluntades a costa del atraso económico.
