El delito de extorsión creció en Sinaloa de una tasa de 7 mil 573 por cada 100 mil habitantes en 2023 a, 9 mil 506 en 2024.
23 de septiembre de 2025.
Es un delito donde la víctima tiene claro que el delincuente puede hacerle daño y lo hará impunemente. Asume que la delincuencia es más fuerte que las policías.
En Durango la tasa es de 4 mil 735; Yucatán, 4 mil 769 y, Coahuila, 2 mil 191. Mucho menos que aquí.
Desde que el INEGI mide este delito, nunca antes había sucedido tanto, esto es, nunca antes el pueblo sinaloense tuvo tan alta la percepción de que el crimen organizado puede más que el gobierno y decidió rendirse.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública estima que solo se denunciaron el 6 por ciento de los delitos acontecidos en Sinaloa en 2024.
Razones atribuibles a la autoridad: desconfianza en ella, hostilidad de la misma o trámites difíciles y tardados fueron la causa de que no denunciaran el 53 por ciento de los que decidieron no acudir al MP. Es la cifra más alta que se ha dado en el estado desde 2011.
En 2024, el año donde inició la narcopandemia, las fiscalías no fueron capaces de atender con eficiencia y ganar la confianza de las víctimas. Pocas oficinas, pocos empleados, ínfimos recursos materiales y nula supervisión ahuyentan a los ciudadanos.
Cuando abatan ese 53 por ciento de no denuncia por motivos atribuibles a la autoridad podrían los jefes militares y policiacos tener razón cuando regañan a la población por no acudir al ministerio público.
De los casos sí denunciados, en solo el 62 por ciento se inició una carpeta de investigación, los demás ciudadanos fueron regresados a sus casas con las manos vacías. Ese porcentaje es menor al del 2023, 73, y al del 2022, 80. En el año donde inició la narcopandemia, la fiscalía optó por desestimar la denuncia ciudadana en mayor proporción que antes.
En Querétaro se inició una carpeta de investigación en el 81 por ciento de los casos denunciados, y en Jalisco, en el 85.
De las carpetas iniciadas, solo 12.5 por ciento tuvo una resolución favorable en el ministerio público, esto es, se recuperaron los bienes, se reparó el daño, se otorgó el perdón o se puso al delincuente a disposición de un juez.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía nos señala que, en 2024 en Sinaloa, de cada mil delitos solo se denunciaron 60, solo se iniciaron 37 carpetas de investigación y solo 5 tuvieron una resolución favorable.
Esos datos son peores que en 2011, donde de cada mil delitos se denunciaron 133, se iniciaron 82 carpetas de investigación y 17 tuvieron una resolución favorable.
Estábamos mal y 13 años después estamos peor.
En abril de este año, el 80 por ciento del pueblo sinaloense consideró que Sinaloa es una entidad insegura. Cuando inició la administración del Dr. Rubén Rocha, eran 20 puntos menos. En Coahuila el porcentaje es de 38.
La percepción de inseguridad en la carretera, de 2024 a 2025, subió de 44 a 64 por ciento. El miedo a estar en la calle subió 12 puntos porcentuales; en el banco, 10; en el parque, 17; en el mercado, 17; en el automóvil, 17; en el centro comercial, 18 y, en el trabajo, 12.
El lugar donde más creció la inseguridad fue: la escuela. Subió de 16 por ciento a 38. De lugar de educación ha pasado a ser de terror.
En Yucatán la encuesta no registró personas que hayan escuchado disparos, en Sinaloa el 28 por ciento de los habitantes los ha presenciado.
INEGI reporta que el pueblo sinaloense bajó su porcentaje de confianza en todas las autoridades de seguridad pública. Las policías municipales perdieron 10 puntos porcentuales.
Cincuenta por ciento de la gente considera corrupta a la fiscalía; 56, a la policía estatal y, 66, a la municipal.
Es posible que en 2026 estemos peor que en 2024 y 2025. Nos iremos más para abajo; más muertes, robos e impunidad; si se sigue previniendo, investigando y persiguiendo el delito con instituciones cooptadas y sin recursos.
Un botón de muestra: en 2024, Sinaloa fue uno de los cuatro estados donde no aumentaron el número de peritos. En 10 entidades no quedó ninguna solicitud pendiente de apoyo de servicios periciales a la investigación de delitos. Aquí quedaron pendientes 18 mil 905 y el gobierno no piensa aumentar el número de peritos.
En la narcopandemia el número de asesinatos, desaparecidos y robo de vehículos se multiplicó por tres. La carga de trabajo de la fiscalía creció el triple. Para mejorar los pésimos resultados debería multiplicarse su presupuesto por cinco, 500 por ciento, para 2026. Para solo mantener los pésimos resultados solo multiplicar por tres, 300 por ciento. Para agravar la ineficiencia, solo un 30 por ciento. Esto último es lo que quieren hacer el gobierno del estado y los diputados morenistas.
La sociedad civil de Sinaloa ya aprendió a alzar la voz y a poner límites al gobierno.
Necesitamos la reconstrucción de las policías locales y de la fiscalía. Tener lo que hoy no tenemos: instituciones de seguridad pública y de aplicación de la justicia capaces de prevenir, investigar y perseguir el delito, con una cantidad adecuada de policías y agentes de ministerio público; no cooptados por el crimen organizado; capacitados y equipados al más alto nivel; con salarios profesionales; con apoyo de servicios de peritaje y, con autonomía respecto a cualquier otro poder. Con un presupuesto ideal 10 veces más alto que el actual que se puede alcanzar progresivamente.
Empecemos por exigir la inversión necesaria en seguridad para 2026, 500 por ciento. Exigir de muchas formas.
