El reacomodo silencioso del gasto público en México: recortes y prioridades.
Por: Misael Rubio Ojeda.
Agosto 15 de 2025.
En medio de un contexto económico marcado por la desaceleración de ingresos petroleros y la presión por reducir el déficit fiscal, el gobierno federal ha realizado un reacomodo significativo en su gasto programable durante el primer semestre del año. Si bien la medida busca estabilizar las finanzas públicas, las decisiones de recorte y aumento en determinados sectores revelan un cambio de prioridades que podría tener implicaciones directas en el crecimiento económico, la calidad de los servicios públicos y la política social.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el ajuste total al gasto público ascendió a 286,885 millones de pesos, de los cuales 281,076 millones correspondieron a gasto programable (es el gasto para el funcionamiento de las secretarías del gobierno).
Las reducciones más pronunciadas se concentraron en dos frentes: programas sociales y proyectos de inversión física. La Secretaría del Bienestar registró un recorte de 40,944 millones de pesos, afectando programas emblemáticos como la Pensión para Adultos Mayores, Sembrando Vida o Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente.
Por su parte, la Secretaría de Educación Pública (SEP) vio reducido su presupuesto en 27,853 millones, con impacto en programas educativos clave, como La Escuela es Nuestra y Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina.
En el sector productivo e infraestructura, tanto Pemex como la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) experimentaron menores erogaciones para inversión física, mantenimiento y proyectos ferroviarios.
Esta disminución de recursos, puede traducirse en una menor actividad económica, caída en la recaudación futura y un deterioro en la calidad de los bienes y servicios públicos.
En contraste, algunas áreas recibieron incrementos. El IMSS obtuvo 4,388 millones adicionales, principalmente para cubrir el aumento en gasto por pensiones y jubilaciones, que creció 8.4% en el semestre debido al envejecimiento poblacional.
Hacienda recibió 3,659 millones más para reforzar la política económica, la regulación financiera y el control aduanero, este último con miras a fortalecer la recaudación. También se asignaron más recursos a la SRE para servicios consulares y migratorios, así como a la CFE para materiales y suministros.
La tendencia es clara: mientras los programas sociales y de infraestructura se ajustan a la baja, los recursos se redirigen a áreas de recaudación, control y seguridad económica, así como al pago de obligaciones estructurales como pensiones.
La reconfiguración del gasto público mexicano en 2025 refleja una tensión constante entre la estabilidad fiscal y las demandas sociales.
Aunque los ajustes responden a la urgencia de reducir el déficit, las reducciones en inversión y programas sociales podrían debilitar la capacidad del Estado para impulsar el crecimiento y garantizar bienestar a mediano plazo.
El reto será encontrar un equilibrio entre la disciplina presupuestaria y la inversión estratégica, evitando que la austeridad se traduzca en un retroceso en desarrollo social y económico.
