La crisis profunda de las Universidades Públicas en México: una contradicción entre autonomía, sostenibilidad financiera y rendición de cuentas.
Por Misael Rubio Ojeda.
30 de septiembre de 2025.
El sistema de financiamiento y gasto de las Universidades Públicas Estatales (UPES) de México se encuentra en un estado de insostenibilidad.
A pesar de que el sistema de educación superior experimentó una expansión significativa en las últimas décadas, duplicando el número de instituciones y aumentando la matrícula en más del 300% entre 1990 y 2017, este crecimiento no ha sido acompañado por la disciplina financiera necesaria.
El modelo actual, marcado por el incremento desordenado de salarios y prestaciones, la escasez de recursos, y un sistema de pensiones desequilibrado, ha llevado a que las finanzas de estas instituciones estén colapsadas.
En esta historia destacan la evolución presupuestaria decreciente, los retos insalvables del gasto corriente (particularmente en servicios personales y pasivos contingentes de pensiones), y la discrecionalidad y opacidad en los procesos de asignación de recursos y rendición de cuentas, según lo documenta la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En términos reales, el presupuesto total de las UPES ha mostrado una tendencia a la baja, disminuyendo en promedio un 11% anual entre 2015 y 2017.
Esta reducción presupuestaria, sumada al aumento de la matrícula y del personal docente, ha incidido directamente en el déficit que afecta a las instituciones de educación superior.
El gasto por alumno en las UPES ha sufrido una caída aún más pronunciada que el promedio nacional, pasando de casi 100 mil pesos en 2014 a 77,644 pesos en 2017 (en términos reales).
El modelo de financiamiento de las universidades es principalmente público y tripartita, compuesto por recursos federales, estatales e ingresos propios.
Aunque los convenios anuales aspiran a una distribución equitativa de 50% federal y 50% estatal, en la práctica, los recursos federales predominan.
En 2017, los recursos federales representaron en promedio el 58% de los ingresos totales, los estatales el 27%, y los ingresos propios apenas alcanzaron el 12%.
Además, la generación de ingresos propios de las UPES ha disminuido un 20% en términos reales entre 2014 y 2017.
El principal factor de insolvencia radica en el gasto corriente, especialmente en servicios personales (pago de nómina). En 2017, el pago de sueldos y salarios representó el 73.22% del gasto total de las UPES.
En algunas universidades, como las de Morelos, Chiapas y Oaxaca, este rubro incluso supera el 100% del subsidio público ordinario destinado para ese fin, obligándolas a recurrir a fondos extraordinarios e ingresos propios para cubrir la nómina.
Un problema crítico es el de las prestaciones salariales, las cuales superan significativamente lo estipulado por la ley. Por ejemplo, mientras que la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece un aguinaldo mínimo de 15 días, las UPES otorgan en promedio 54.5 días; algunas, como la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), llegan a conceder hasta 90 días.
Las prestaciones ligadas al salario, como la prima de antigüedad o quinquenio, aumentan los gastos con el envejecimiento de la planta docente y administrativa.
A esto se suma la problemática de los sistemas de pensiones y jubilaciones. Históricamente, muchas universidades pagaban estas obligaciones con recursos destinados al funcionamiento ordinario, sin contar con fondos de aportaciones suficientes.
Aunque 28 de las 34 UPES reformaron sus sistemas (aumentando la edad de jubilación de 60 a 65 años y los años de servicio a 30), el pasivo contingente acumulado de las generaciones presente y futura en los sistemas no reformados se estima en 250,000 millones de pesos.
La situación es agravada por el sistema de jubilación dinámica, que indexa el aumento de las pensiones al incremento salarial de los trabajadores activos.
En cuanto a la fiscalización, si bien la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha incrementado notablemente el número de auditorías (alcanzando el 91% de las UPES en 2016), las universidades han sido ineficaces en la solventación de observaciones.
Entre 2000 y 2016, la ASF determinó recuperaciones por 17,574 millones de pesos a las UPES, pero estas instituciones solo lograron aclarar el 24.9% del monto observado, muy por debajo del 54.2% aclarado por el total de entes públicos fiscalizados.
El modelo operativo y financiero de las Universidades Públicas Estatales ha demostrado ser insostenible. La conjunción de una plantilla creciente, prestaciones excesivas, pasivos contingentes de pensiones monumentales y la falta de transparencia en la asignación de recursos demandan una transformación estructural, la sociedad y los tiempos actuales exigen cambios profundos en los sistemas de educación superior.
