¿Nueva ley electoral?
Aarón Sánchez
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En los primeros días del próximo mes de febrero el gobierno de Claudia Sheinbaum enviará a la Cámara de Diputados una iniciativa de nueva ley electoral. Esta propuesta atiende exclusivamente el interés de quienes gobiernan el país, sin tomar en cuenta lo que la sociedad quiere con respecto a los procesos electorales para que éstos sean verdaderamente democráticos. Tampoco se tomará en cuenta la opinión de los propios partidos políticos.
El desempeño de los órganos electorles, la forma de operación de los partidos, el costo de las las campañas, y la elección de autoridades y representantes electorales, son demasiado importantes como para dejarlos exclusivamente en manos del gobierno. De hecho, constituye una regresión histórica al avance que había tenido México en esta materia. En el futuro, muy difícilmente los procesos electorales podrán generar las soluciones políticas que requiere el desarrollo del país.
Pero sí se necesita una nueva ley electoral. Hoy existe un sistema de partidos bastante debilitados, sin credibilidad y sin propuestas para beneficio de la sociedad. Además, tienen una influencia pública cada vez menor. Algunos solo tienen vida artificial. Hoy por hoy, el control de la vida política nacional y regional, está en manos de grupos fácticos y de interés. Por eso nuestra democracia está bastante debilitada. Hay ausencia de legitimidad política, y los ciudadanos poco importan.
Pero las cosas no van a mejorar si el gobierno presenta una nueva ley electoral con base en sus propios intereses. Antes de que la Cámara de Diputados apruebe vía fast track la iniciativa presidencial, es necesario que la sociedad exprese su opinión sobre el sentido que debe tener la nueva ley. México sí requiere una nue va ley electoral, pero que ésta sea verdadera, de fondo, con visión de futuro, y que sealmente sea instrumento útil para el desarrollo nacional.
¿Qué elementos debe contener la nueva ley electoral? Primero, fortalecer realmente los órganos electorales, y que consejeros y magistrados sean designados por concurso oposición. Segundo, incorporar las herramientas tecnológicas disponibles para garantizar acceso al voto, transparencia y resultados confiables. Tercero, reducir el financiamiento a partidos, y condicionarlo a que presenten propuestas viables, respeten su democracia interna, y que actuen con responsabilidad al designar sus candidatos. Cuarto, reducir el número de senadores, diputados federales y diputados estatales. Quinto, Incorporar la segunda vuelta electoral, propiciar alianzas partidistas y que exista supervisión ciudadana en procesos electorales.
Hay que exigir al gobierno y a los partidos políticos, que generen espacios para que exista verdadero diálogo entre electores y ciudadanos. Ello fortalece la democracia representativa, otorga legitimidad política a legisladores y gobernantes, y permite solucionar conflictos que dañan a la sociedad. Una nueva ley electoral es demasiado importante como para dejarla en manos de un gobierno que reiteradamente ha demostrado que todo lo echa a perder, que solo sabe destruir y nada más.
