No vivimos en una sociedad pacífica, de economía próspera, incluyente y ambientalmente sostenible. Un Plan Sinaloa debe servir para convertirnos en ese estado que hoy no somos.
Por Omar Garfias.
18 de noviembre de 2025.
Déjeme hacerle unas preguntas.
¿Qué partido no tiene miembros con vínculos con el crimen organizado?, ¿Qué partido ha condenado contundentemente al narco? ¿Qué partido ha proclamado su determinación de gobernar sin apoyo de la delincuencia? ¿Qué partido ha expulsado a algún miembro por tener relaciones oscuras?
Son preguntas.
Uno. Lo pregunto porque el primer punto de un plan de reconstrucción de Sinaloa es el desmantelar la estructura de contubernio entre gobierno y crimen organizado.
“Sin los narcos no se puede gobernar Sinaloa”, decía un político cínico. Pintaba su decisión de aceptar dinero del crimen organizado como un “sacrificio realista” para obtener gobernabilidad. Lo que en realidad hizo fue entregar la paz y la seguridad pública a cambio de acumular riqueza personal.
Esta crisis ha demostrado que es “con los narcos” que no se puede gobernar Sinaloa. Al comprar a las autoridades y capturar las instituciones, el crimen organizado se toma el derecho de asesinar, robar y desaparecer en todo lugar y en toda hora. También de ejercer el presupuesto público. Con inseguridad ciudadana y los recursos públicos manejados como botín, no puede haber un gobierno eficaz. Ninguna sociedad prospera así. La alianza gobierno-delincuencia deteriora, no pacifica. Somos la evidencia de ello.
Dos, un segundo componente de un Plan Sinaloa debe ser la refundación de las instituciones locales de seguridad pública y justicia. Conformar nuevas policías, fiscalía y poder judicial. Incorporar la participación social. Recuperar lo salvable, pero, sobre todo, refundar.
Crear instituciones de seguridad pública y justicia capaces de prevenir, investigar y perseguir el delito, con una cantidad adecuada de policías y agentes de ministerio público; no cooptados por el crimen organizado; capacitados y equipados al más alto nivel; con salarios profesionales; con apoyo de servicios de peritaje y, con autonomía respecto a cualquier otro poder.
Necesitamos un policía por cada 500 habitantes, no por cada 2 mil como ahora; el 100 por ciento con certificado único policial, no 61 por ciento como ahora; el 100 por ciento con evaluaciones de confianza aprobadas y vigentes, no 48 por ciento como ahora; sueldos como los del programa “Legado” de Jalisco, con un plan de construcción de la infraestructura necesaria y un presupuesto para la institución de seguridad pública estatal de mil 500 pesos por cada habitante del estado, no de 432 como ahora.
Una fiscalía con presupuesto de mil pesos por habitante, no de 282 como ahora. Tal cantidad objetivo está definida en razón del parámetro de deber estar al nivel de las fiscalías con mejor presupuesto del país (Quintana Roo); de la mayor carga de trabajo, 85 mil carpetas pendientes, y de ser el estado con el más alto incremento de delitos totales según la información del INEGI y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Necesitamos un poder judicial con un presupuesto de mil 300 pesos por habitante y no de 268 como ahora. En razón del parámetro de deber estar al nivel de los poderes judiciales con mejor presupuesto del país (CDMX); de que actualmente aquí se procesa solo el 12 por ciento de la cantidad de presuntos delincuentes que se procesan en otras entidades, y de ser el estado con el mayor incremento de delitos totales.
Requerimos un organismo autónomo que trabaje con la población que tiene mayor vulnerabilidad para unirse al crimen organizado, que desarrolle un trabajo sistemático y científico que rompa las estructuras que atan a estos jóvenes con la delincuencia.
Una supervisión externa de especialistas que audite procesos, aplicación de presupuestos, impactos y resultados y un observatorio ciudadano que monitoree y evalúe. Con una mesa quincenal de trabajo con las más altas autoridades donde se incida en la política de seguridad y justicia.
Necesitamos llevar a cabo una gran deliberación pública sobre la narcocultura; el respeto a la legalidad y los valores necesarios para una convivencia armónica y una colaboración efectiva para solucionar nuestros problemas comunes.
El 3 de diciembre del año pasado la presidenta envió a Sinaloa al secretario García Harfuch a “coordinar la estrategia de seguridad”. Han llegado decenas de miles de fuerzas federales.
En el mes previo a la llegada de García Harfuch, noviembre de 2024, se robaron 574 vehículos en el estado. Luego de 11 meses de coordinar y aplicar su estrategia, se robaron 578, en octubre.
En el mes previo a la llegada de García Harfuch, asesinaron a 176 personas. Luego de 11 meses de coordinar y aplicar su estrategia, asesinaron a 174 sinaloenses en octubre.
La estrategia centralista no ha pacificado Sinaloa.
En ese periodo, bajo la actual estrategia de seguridad, han sucedido los peores registros mensuales de la narcopandemia: 241 homicidios dolosos y 678 robos de vehículos.
Dicen que han detenido a 1 mil 884 presuntos delincuentes, no informan cuantos han sido sentenciados, pero, al parecer, ninguno de ellos les ha dado información de quiénes son sus cómplices dentro de las instituciones de seguridad y justicia porque ahí no ha habido ninguna detención.
Es evidente que la estrategia debe cambiar porque ya fracasó.
Los elementos que apuntamos para un plan Sinaloa fincado en otra estrategia señala dos componentes que no son nuevos, han sido parte de las prácticas exitosas en otros estados del país: el desmantelamiento del contubernio entre gobierno y crimen organizado y el fortalecimiento de las instituciones locales.
Sin ellos, vamos a seguir viviendo entre Culiacanazos, narcopandemia y Pax narca, nunca en paz y prosperidad.
¿Este gobierno quiere desmantelar la captura de las instituciones de seguridad y justicia? ¿Hay una depuración en ayuntamientos de los funcionarios con vínculos con el crimen organizado? ¿Gobierno y diputados están dispuestos a fortalecer, como lo necesitan, a las policías, la fiscalía y el poder judicial? ¿Hay una exigencia ciudadana que les obligue a comportarse diferente? ¿Temen a un posible castigo electoral?
