El 3 de diciembre pasado, Claudia Sheinbaum anunció que el secretario de Seguridad Publica del gobierno federal, Omar García Harfuch, se trasladaría a Sinaloa “para coordinar todas las acciones de seguridad con la Fiscalía General de la República y la estatal”. Esto es, no vino solo a sumarse, sino a tomar en sus manos la dirección del trabajo de prevención, investigación y persecución del delito y del crimen organizado.
Julio 1 de 2025.
Por Omar Garfias.
En el mes previo al anuncio presidencial, noviembre, los robos de vehículo en Sinaloa tenían un promedio diario de 19.6. Luego de seis meses de coordinación del secretario federal, el promedio subió a 21.9, en mayo.
Tres días antes del anuncio presidencial, los asesinatos en Sinaloa tuvieron un promedio diario de 6.0, en noviembre. Luego de seis meses de coordinación del secretario federal, el promedio subió a 6.1, en mayo.
Los resultados de la intervención del gobierno federal no corresponden ni a las necesidades de la población ni a las expectativas de que venía a Sinaloa el gran operador en seguridad del gabinete.
La presidenta Sheinbaum cuenta con el “Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural” entre cuyos objetivos está apoyar a ciudadanos afectados por “fenómenos sociales que ponen a la población en situación de vulnerabilidad e impactan el bienestar de las personas”.
Al inicio de la administración federal actual, un conjunto de sinaloenses pidieron al gobierno federal que con recursos de ese programa se financiara, no un esquema de regalar dinero, sino uno de empleo temporal donde los desempleados por la crisis de seguridad pudieran acceder a un salario a cambio de hacer trabajos de beneficio comunitario.
Los desempleados por la inseguridad en Sinaloa son alrededor de 35 mil, tan solo el IMSS reporta que entre mayo de 2024 y mayo de 2025 los puestos de trabajo registrados en esa institución se redujeron en 11 mil 468 y que van cinco meses seguidos donde acontece pérdida de empleos formales.
Ninguno de los desempleados por esta crisis en Sinaloa ha recibido apoyo del gobierno de la presidenta Sheinbaum. Dinero había, el programa federal para personas en emergencia social ha manejado recursos por alrededor de 2 mil 500 millones anuales.
La solicitud de empleo temporal emergente fue rechazada. La respuesta del gobierno federal no fue ni la que necesitaba la población ni la adecuada a las expectativas de ser gobernados por quien dijo tener su corazón en Sinaloa porque su esposo nació aquí.
En diciembre, el Monitor de la Sequía de la Comisión Nacional del Agua indicaba que este problema afectaba al 89 por ciento del territorio estatal. Las presas estaban al 18 por ciento de almacenamiento. El gobernador solicitó al gobierno de la presidenta Sheinbaum que declarara emergencia por sequía lo que permitiría recibir apoyo de la Federación para la población que no tenía acceso a agua para consumo humano.
Fue rechazada la solicitud, nos lo informó Rocha Moya el 14 de abril, cuando envió una segunda petición… que también fue rechazada.
En la segunda solicitud, el gobernador confesaba textualmente que “la capacidad financiera y operativa del Gobierno del Estado ha sido rebasada para atender por sí misma la totalidad de los efectos de este fenómeno natural” y, cito el boletín de prensa del gobierno, “al contar con plantas potabilizadoras, también se podrá llevar agua para consumo humano, es decir, agua potabilizada y tratada para tomarse por las personas. Ese operativo es costoso, nos puede auxiliar el Gobierno Federal porque ellos tienen dentro de sus programas la posibilidad de estas emergencias”.
La respuesta del gobierno federal no fue la que necesitaban las familias sin agua para beber ni la correspondiente a la expectativa de ser gobernados por un partido que se dice humanista.
Luego de seis años de quejas ciudadanas de que no hay medicinas en las instituciones públicas y de que el entonces presidente negara el problema y sostuviera que gozamos el mejor sistema de salud del mundo, la presidenta Sheinbaum prometió, el 14 de enero pasado, refiriéndose al desabasto: “el objetivo es resolverlo en estos dos meses”, esto es: para marzo.
Tres meses después de la fecha prometida, el 15 de junio, el titular del IMSS en Sinaloa, Julio Quintero, informó que padecían un desabasto del 60 por ciento y, el 23 de junio, el gobernador Rubén Rocha Moya admitió que hay desabasto de medicamentos y que “al IMSS-Bienestar le piden determinado stock y mandan lo que quieren”.
La respuesta del gobierno federal no fue la que necesitan los sinaloenses enfermos ni la correspondiente a la expectativa de ser gobernados por una científica.
Los campesinos tampoco recibieron respuesta presidencial positiva a su petición de atender las causas y las consecuencias de que la producción de maíz bajara a menos de la mitad ni a la expectativa de que el secretario de agricultura nació aquí.
En medio de la narcopandemia, que ha costado miles de vidas y patrimonios familiares, la presidenta visitó el estado pero se negó a tener reuniones sobre la inseguridad o la sequía y se refugió en un evento entre empleados de gobierno donde exclamó al llegar: “lo tengo que decir grande, fuerte, que se escuche en todo México y en todo el mundo, el pueblo de Sinaloa es un pueblo trabajador, que sale adelante todos los días, que lo queremos, que lo apoyamos, que no vamos a permitir que nadie estigmatice a Sinaloa”.
Nos dio el clásico discurso populista: “hay un enemigo malo del que yo te estoy defendiendo”. No nos dio ninguna de las soluciones que necesitamos y esperamos.
