La aspiración humana es la de que sus condiciones de bienestar general sean plenamente satisfechas. El Estado y el Gobierno están obligados a proporcionarlas.
Octubre 25 de 2024
La seguridad ciudadana, la seguridad jurídica, el derecho a un ambiente sano y limpio, entre otros muchos, deberán ser la premisa de un estado democrático y constitucional de derecho. La sociedad organizada debe contribuir a que esos estándares jurídicos tengan plena vigencia.
Nuestro orden y nuestra cultura constitucional se basa en la participación democrática en la que el pueblo desde el movimiento de nuestra independencia concibió nuestra forma de gobierno, esa que está impresa en nuestra carta constitucional federal.
La construcción federalista parte de principios que han dejado huella imperecedera en nuestras conciencias y en nuestro pueblo. Estados libres con personalidad jurídica y soberanos cuya existencia se ha puesto en riesgo y que pueden hacernos perder esa identidad nacional.
Nuestro compromiso tiene que ser la defensa para que la división de poderes sea una realidad y guía para que la Nación transite por senderos que den confianza y seguridad en que la ley que expida el Congreso tenga contenidos ideológicos que den cereza a los derechos ciudadanos.
Que el poder judicial conserve su legado histórico de revisar las actuaciones del Congreso federal y de los estados, conservando la competencia para aplicar e interpretar la constitución y la ley con todo el rigor que corresponde a un tribunal constitucional.
Las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales deben seguir siendo instrumentos de defensa para impugnar toda desviación en el proceso de creación de las normas jurídicas generales, como premisa fundamental para preservar los derechos fundamentales de los gobernados.
Se discute en el Congreso federal quitar las facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que toda reforma a la constitución federal no permita ningún recurso, por lo que la Corte perdería su calidad de tribunal constitucional, ya que sería un absurdo que un proceso legislativo plagado de violaciones al procedimiento de creación de la norma jurídica quede intocado y en detrimento de los derechos ciudadanos. Algo parecido al proceso legislativo sinaloense para reformar la Ley Orgánica de la UAS. Un proceso reformatorio asqueroso denominado “reformas felicianas”.
¿Si el grupo político dominante en el Congreso federal y en el de las entidades federativas determine que la propiedad privada desaparece para dar cabida a la propiedad social cuya titularidad pase a ser controlada por el estado, los mexicanos estaríamos conformes con ese tipo de determinaciones?
¿Ocurriría lo mismo, si a la empresa privada se le obligara a aceptar controles financieros para la inversión, sobre sus productos y el manejo de sus utilidades, para fines sociales impuestos por el Estado?
¿Qué sucedería si, ante la militarización nacional de la seguridad pública, se prohíba al ciudadano transitar libremente por el territorio nacional o que sea vejado para las denominadas revisiones personales sospechosistas?
La militarización de la seguridad pública suprime las garantías de defensa de los derechos humanos. El ciudadano corre el riesgo de que ante la mínima desobediencia a ordenes militares en las funciones de policía se puedan sacrificar vidas humanas de manera ilegal y arbitraria.
Habría que recordar los hechos ocurridos con las 19 muertes recientes para realizar una detención y aquellas ocurridas en la sindicatura de Sánchez Célis, municipio de El Dorado, El sacrificio humano no ha quedado claro, por lo que surgen presunciones de que pudo haber ejecución y no producto de un enfrentamiento entre autoridades y delincuentes.
El país se convulsiona. La sociedad está muy pasiva. No hay pronunciamientos y las reformas siguen aprobándose. La defensa ciudadana se está estrechando. Nuestros derechos están en grave peligro.
Sinaloa, se quema. El gobierno está vencido. Los maleantes en guerra tienen el dominio gubernamental. La población está en manos de los criminales y sigue vigente aquella frase del General Leana Ojeda, de que la paz la decidirán los “Mayos” y los “Chapitos” y no el Gobierno. ¿Cuál será nuestro destino?
La UAS no se toca, la autonomía universitaria se respeta.
