Reprimir la violencia con la fuerza de que dispone el estado mexicano es un imperativo insoslayable para recuperar la paz perdida.
Diciembre 27 de 2024.
Andrés Manuel López Obrador, desapareció la policía federal dejándose llevar por una actitud berrinchista por el odio que le tenía a Felipe Calderón y a Genaro García Luna. La institución policial tenía historia de eficiencia y conocedora de su papel preventivo y de apoyo a las entidades federativas.
La justificación para desaparecerla fue torpe y visceral, según él porque estaba infiltrada por el narco, no era una razón de peso porque ese problema de haber sido cierto tenía solución. Ello sería tanto como negar que hasta las fuerzas armadas han sido infiltradas por la delincuencia organizada y no ha pasado nada ¿Ahí está el claro ejemplo de Salvador Cienfuegos o no AMLO?
Pudo haberse llevado a cabo una reestructura en su composición pero no desaparecerla y determinar el nacimiento de una policía militar como es la Guardia Nacional. No fue, por supuesto, la mejor decisión. Fue y sigue siendo una disparatada política producto de odios políticos que afectan las instituciones.
Sacar al soldado a las calles provocó un retroceso en la prevención delictiva y perjudicó la investigación criminal, ya que la intervención de quien desconoce las formalidades en la detención de personas y recopilación de pruebas, conduce inexorablemente a que los jueces pongan en libertad a los delincuentes.
El gobierno sabe muy bien que las fallas están en los soldados-policías que no están preparadas para desarrollar funciones en campos para los que no están capacitados. De igual manera esas ineficiencias trascienden a la esfera jurídica del ministerio público que bajo la amenaza de despidos y consignaciones en su contra, integran carpetas de investigación plagadas de inconsistencias legales que conducen necesariamente a que los jueces resuelvan en contra de las consignaciones judiciales.
Falta a la verdad quien ha sostenido que la corrupción está en la tribuna judicial, tratando de solapar la gravísima corrupción que impera en los terrenos de las policías y fiscales y que se agrava todavía más con el desconocimiento y autoritarismo con el que actúan los soldados.
La reforma judicial fue una determinación política perversa por lo desaseada que fue en el proceso realizado para la reforma constitucional con el fin de traer a la palestra circense a jueces, magistrados y ministros que serán nombrados con el uso de tómbolas políticas similares a las rifas y sorteos.
¿Cuál ha sido la razón para que el gobierno federal haya adoptado la militarización en áreas estratégicas del poder público nacional? Usted puede hacer un simple análisis de cuales son: seguridad pública, espacio aéreo, aduanas, ferrocarriles, puertos y aeropuertos. Cada uno de esos espacios públicos no constituyen estrategias de seguridad nacional sino una forma de controlar por la fuerza de la intimidación militar áreas que deben ser de las autoridades civiles.
La reforma judicial, obedece a la incapacidad para llevar a cabo investigaciones delictivas apegadas al marco legal, por ese motivo se requieren juzgadores que sigan las consignas que habrán de surgir del gobierno para que las personas a quienes se les atribuya la comisión de un delito no puedan tener una defensa adecuada y sin la garantía de que serán juzgados con imparcialidad y legalidad.
El autoritarismo político gubernamental llega a situaciones sumamente peligrosas para los derechos ciudadanos porque los encargados de juzgar las demandas carecerán de la capacidad para manejar con destreza la ciencia del derecho, herramienta esencial del conocimiento para recibir sentencias que garanticen nuestra seguridad jurídica en las contiendas judiciales.
Lo que sorprende es el silencio de las organizaciones empresariales y de la sociedad civil, que no se pronuncian contra determinaciones políticas que pueden ser de fatales consecuencias.
Por ello, la negación del gobierno de traer de nuevo una policía federal civil y policías estatales que respondan a una verdadera estrategia de protección a los derechos ciudadanos. De poder se puede, de querer es difícil.
¿Usted qué opina?
