El gobierno no usa el presupuesto público ni los programas sociales para desincentivar la incorporación de los jóvenes al crimen organizado.
Por Omar Garfias.
Julio 29 de 2025.
Tlaxcala; un estado con bajo nivel de violencia, una tasa de 4.5 asesinatos por cada 100 mil habitantes; recibió, en 2024, un presupuesto del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” de 1 mil 198 millones. Mientras que Sinaloa, con una tasa de 28.6, sólo recibió 418 millones.
Según los datos oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, si se hubiera dividido el presupuesto entre todos los jóvenes que necesitaban el apoyo, la población potencial del programa, a cada muchacho tlaxcalteca le habría tocado 4 mil 019 pesos y a cada sinaloense, solo 652.
El ex presidente López Obrador dijo que su gobierno trabajaba para atender a ese sector, con programas como Jóvenes Construyendo el Futuro. “Que no tengan un ejército de jóvenes a su servicio, que se queden solos los capos con sus lugartenientes, con sus sicarios, pero sin jóvenes y sin base social”, dijo.
Sostuvo que había una competencia con el crimen organizado para ganarse a los jóvenes del país, y evitar que tomen “conductas antisociales”, terminen en la cárcel o muertos.
“Los tenemos que atender y competir en este terreno con la delincuencia organizada, decir: ‘A ver, tú te llevas a los jóvenes, vamos a ver quién puede más, porque yo le voy a dar opciones a los jóvenes, porque no quiero que te los lleves, no quiero que los jóvenes se echen a perder’”.
Al terminar el sexenio, cantaron victoria: “No se equivocó el señor presidente Andrés Manuel López Obrador al priorizar la atención a las causas que generan la violencia en el país, con el propósito de restar base social a la criminalidad, es decir, evitar que nuestros niños y jóvenes sean cooptados por la delincuencia”, sostuvo la entonces secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez.
Los hechos indican que no evitaron que los jóvenes se incorporaran al crimen organizado.
“El 43 por ciento de las personas que han sido detenidas durante la crisis de violencia en Sinaloa son jóvenes menores de 29 años de edad, muchos incluso son menores de edad”, indica el medio periodístico Meganoticias.
“Más del 50 por ciento de las víctimas de violencia en Sinaloa tienen entre 14 y 30 años”, informa el Consejo Estatal de Seguridad Pública.
“El número de beneficiarios del programa JCF no tiene una relación significativa con los cambios en las tasas de criminalidad en los estados de México. Este hallazgo contradice la hipótesis de que la implementación del programa conduciría a una reducción de los crímenes y la violencia”, señala un estudio del Colegio de la Frontera Norte.
Los hechos demuestran que se asignó el presupuesto sin considerar criterios de inseguridad pública ni de pobreza. Por ello, Sinaloa fue tratado injusta e inapropiadamente.
Baja California Sur tuvo recursos per cápita para su juventud en 2024 de 865 pesos y Sinaloa, repito, de 652. La tasa de asesinatos de aquel estado es de 7.1, la de aquí 28.6. El porcentaje de jóvenes en situación de pobreza de allá es de 11.7 y acá es de 20.5.
En noviembre de ese año, un grupo de ciudadanos fueron a la CDMX a pedir al gobierno federal que aumentara el presupuesto de ese programa. No recibieron respuesta positiva.
Por su parte, ni el gobernador ni los presidentes municipales solicitaron más recursos.
Tampoco el equipo territorial del gobierno ha recorrido las colonias y rancherías donde viven los jóvenes en situación de mayor vulnerabilidad de incorporarse a la delincuencia para identificarlos e invitarlos a construir una opción laboral y de vida distinta. Sí lo hicieron para repartir “acordeones” para “orientar” la elección del poder judicial.
La factibilidad para que ese programa evite la incorporación de jóvenes al crimen organizado tiene otros dos grandes obstáculos: la corrupción y sus errores de diseño.
“La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que trabajadores de diferentes dependencias del Gobierno recibieron del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, entre otras irregularidades durante la revisión de la Cuenta Pública 2022”. “Las anomalías por 5.1 millones de pesos en la operación del programa social se suman a las que se han presentado desde que se creó en 2019, mismas que la ASF también ha acreditado por cuatro años consecutivos, con lo que sumarían irregularidades por más de 175 millones de pesos.” Reportó la revista Expansión.
Por otro lado, el programa no garantiza que en los centros de trabajo existan personas capacitadas para enseñar a los jóvenes, ni que se ocupen de enseñarlos y no existe una evaluación de si en verdad adquirieron conocimientos y habilidades. Tampoco hay un esquema de vinculación con el empleo, eso se deja al mercado
La presidenta Sheinbaum está continuando el programa, igual que antes.
López Obrador supo identificar que es una prioridad de la sociedad que la juventud no se pierda en la delincuencia. Alrededor de ello construyó una propuesta clara que le dio una imagen de político que comparte y actúa sobre las preocupaciones del pueblo.
Solo fue, y es, un discurso. No dan apoyo a quien lo necesita, hay corrupción y no hay metodología eficaz.
Dolorosamente vemos diariamente las fotos de los jóvenes sinaloenses encarcelados o asesinados.
No están atendiendo las causas sociales de la delincuencia y la violencia.
Es un cuento, donde muchos de los personajes sonrientes de las primeras fotos ya son cadáveres.
