Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CGCESP). Se autodescriben como: “Somos la voz que representa legal y legítimamente a la ciudadanía en materia de seguridad”.
Por Omar Garfias.
17 de septiembre de 2025.
En nombre de la sociedad le abrieron paso a la vicefiscal para que se convirtiera en fiscal, a pesar de que ella era parte del grupo al que la FGR había señalado como creador de un montaje para engañar sobre el asesinato de Héctor Cuen Ojeda y al que había recriminado “diez omisiones, inconsistencias y falsedades en la carpeta de investigación que integró”. Si había alguien reprobado para recibir un ascenso era el equipo de la fiscalía estatal.
Una semana después de las acusaciones federales en su contra, el CGCESP no cumplió su obligación de ser filtro y aprobó a la entonces vicefiscal para pasar a la siguiente etapa. Así quedó bien con el gobernador, abriéndole el paso a su candidata a fiscal, pero no cuidó los intereses de los ciudadanos.
En este año de crisis, la fiscal no ha sido capaz de hacer una sola detención en el caso de los 48 policías asesinados. Es solo una de las múltiples deficiencias derivadas de su nombramiento.
La ley establece entre las obligaciones del CGCESP: “Presentar proyectos al CESP y Secretario Ejecutivo, que contribuyan a superar permanentemente el nivel técnico y profesional del personal administrativo y operativo de las instituciones de seguridad pública”.
La Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública no ha cumplido, ni siquiera tiene un diagnóstico preciso del presupuesto necesario y las áreas en que debe invertirse en las instituciones de seguridad y de impartición de justicia del estado y de los municipios.
No ha propuesto ninguna cifra concreta, ninguna ruta, ningún calendario, ninguna meta. Ningún emplazamiento bien definido que rompa determinadamente con la inercia que hace ineficiente al sistema de protección ciudadana.
Nada que incomode al estado de cosas, ninguna exigencia.
En este año de narcopandemia, el CGCESP fracasó como contrapeso a la debilidad e ineficiencia institucional de las policías, la fiscalía, los reclusorios y el poder judicial.
No señaló suficientemente los vacíos y los errores, mantuvo un volumen muy bajo; no llevó los dramas ciudadanos a los escritorios del poder, se preocupó de que las voces que llegaban a las reuniones fueran controlables, apaciguadas; no organizó una deliberación pública amplia que detonara los diagnósticos reales y las propuestas disruptivas, se refugió en mesitas chicas y en consultores igual de cautos para no incomodar; no generó propuestas concretas fundamentadas hasta el detalle más pequeño y con plazos fijados con firmeza, se arrinconó en sugerencias generales que no comprometen a nada y que desaparecen rápidamente de los medios de comunicación.
Se convirtieron en una herramienta del sistema de seguridad que no funciona.
Quieren ser la correa de transmisión de la exigencia de las instituciones fallidas hacia los ciudadanos y no al revés. De sus reuniones egresan regaños e instrucciones de los mandos militares y policiacos hacia la gente y el mandato de que tenemos la obligación de confiar en ellos.
La causa mayor del fracaso de este consejo es su muy escasa representatividad.
Está integrada por personas de un solo sector social que, además, es minoría en la sociedad.
Probablemente si hubiera representación de las madres buscadoras; de los habitantes de las comunidades rurales de las sindicaturas, donde han sucedido las atrocidades más terribles; de las colonias populares; de los académicos y especialistas y, de otros grupos, entonces estas personas tendrían un compromiso y responsabilidad con tales poblaciones y habría un reflejo real de lo que sucede en el territorio y una actitud que correspondiera a la urgencia de las víctimas que no tienen tiempo para la pausada reacción del gobernante que no quiere ser apremiado. Pero no hay gente como esa en el CGCESP.
El Consejo tampoco tiene un funcionamiento que le permita asentar una postura frente al gobierno.
Como no han hecho el plan de reconstrucción de las instituciones de seguridad y justicia, cuando las autoridades se reúnen con ellos, la dinámica y la agenda está marcada por la oficialidad. Los consejeros no tienen un espacio y un momento previo para formular una demanda, sino que llegan cada quien por su lado, aislados y ahí vierten lo que se les ocurre individualmente.
No rinden cuentas a la ciudadanía.
Deben reunirse cada dos meses, pero en su página electrónica no hay reporte de sesiones desde diciembre de 2023. O no han celebrado las diez juntas a las que estaban obligados o no les importa decirnos si lo hicieron pues su jefe, a quien le reportan, no está entre los ciudadanos.
La utilidad de sus sesiones tampoco es mucha.
El 12 de diciembre de 2023 se reunieron con la entonces fiscal. Ocho meses antes de que estallara la narcopandemia y luego de los dos culiacanazos. Se supondría que los diagnósticos les habían llevado a acordar varias medidas de fortalecimiento institucional con la funcionaria. Es pasmoso enterarse de que en esa reunión no hubo acuerdos, ni uno solo.
Una de las causas de que el crimen organizado tomó Sinaloa como campo de batalla sin oposición de las instituciones de seguridad es que los funcionarios y quienes deberían ser los contrapesos ciudadanos solo se reunían a comer, sin tomar acuerdos.
Quizás podríamos empezar conque las sesiones no sigan haciéndose en un restaurante sino en un lugar de trabajo.
Evidentemente es necesario que exista un espacio ciudadano donde se construyan soluciones con base en evidencia con una participación abierta, amplia y plural.
Lo que nos enseñó la narcopandemia es que no tenemos esa instancia, lo que hay fracasó. No funcionó.
Debemos reestructurar la actual coordinación general del Consejo Estatal de Seguridad Pública o crear otros contrapesos ciudadanos si los que la ocupan hoy se aferran a que siga igual.
Para no llegar a dos años de muerte y robos, debemos cambiar lo que no funcionó. La marcha demostró que hay cómo y hay con quién.
