En 2024, en ocho estados, cuando los policías ministeriales solicitaron apoyo pericial para investigar delitos, lo recibieron, ninguna solicitud quedó pendiente, mientras que en Sinaloa quedaron pendientes 18 mil 843.
Por Omar Garfias.
10 de septiembre de 2025.
La investigación que hace la Fiscalía del Estado de Sinaloa es muy deficiente por falta de elementos, recursos materiales, infraestructura, salarios profesionales y capacitación, a lo que se le debe agregar la cooptación.
El Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (CNPJE) 2025, dado a conocer la semana pasada, nos dice que cuando sucede un delito en Sinaloa no se investiga, mayormente, con el apoyo de criminalística de campo ni de balística forense, medicina forense, contabilidad forense, fotografía forense o identificación fisonómica, entre otras especialidades necesarias para combatir la impunidad.
La falta de apoyo pericial ha aumentado. Creció 299 por ciento en 2024 con respecto a 2023. No vamos rumbo a la meta de cero pendientes, vamos hacia más impunidad.
En cuanto al presupuesto destinado a la Dirección de Servicios Periciales, la Fiscalía Estatal prefirió no responder al INEGI. Podemos suponer que no es una cantidad que pueda presumir, sino que le causa vergüenza. “… Sinaloa, y Tabasco no contaron con datos o elementos para responder”, se consigna en el documento oficial.
Según información de la Secretaría de Seguridad Pública, recabada por la reportera Rocío Sánchez, el sueldo de un policía de investigación en Sinaloa es de 14 mil 500 pesos mensuales a cargo de la Fiscalía.
La página oficial “Data México” de la Secretaría de Economía del gobierno federal señala que el sueldo promedio de los detectives en Colima es de 23 mil al mes, en Nuevo León 28 mil y en Querétaro 40 mil.
En marzo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que encabeza García Harfuch ofrecía 32 mil pesos.
“La Fiscalía General de la República señaló diez omisiones, inconsistencias y falsedades en la carpeta de investigación que integró la Fiscalía General del Estado de Sinaloa”, reportó Ríodoce el 20 de agosto de 2024.
Otra nota, del 20 de octubre pasado, indica: “… el vídeo de la agresión en la gasolinera fue un montaje, por lo que se solicitarán órdenes de aprehensión de personal de la FGE (Fiscalía General del Estado de Sinaloa) involucrado, informó la Fiscalía General de la República”.
La evaluación más contundente del trabajo de la Fiscalía de Sinaloa la ha dado la Fiscalía General de la República, ni más ni menos.
En Coahuila sucedieron 131 asesinatos en 2024. Para continuar la investigación de estos y otros delitos y detener a los responsables, la fiscalía de ese estado cuenta con mil 331 millones de pesos, en 2025.
En Sinaloa sucedieron 1 mil 022 asesinatos en 2024, 881 más que en Coahuila. Para continuar la investigación de estos y otros delitos y detener a los responsables, la fiscalía de nuestro estado cuenta con mil 140 millones, en 2025, 191 millones menos que en Coahuila.
La fiscalía de Sinaloa tiene 780 por ciento más trabajo y 14 por ciento menos presupuesto tomando como indicador del tamaño de la tarea a los homicidios dolosos y feminicidios que reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
El resultado de dividir el presupuesto entre el número de asesinatos nos indica que la fiscalía de Coahuila cuenta con diez veces más recursos que la de Sinaloa para evitar la impunidad en ese ilícito.
Ante un problema mayor aquí se le dedica un presupuesto menor.
En los cuatro años de esta administración estatal, el gobierno y congreso morenistas han dado a la fiscalía de Sinaloa 779 millones de pesos menos que lo que recibió la fiscalía de Coahuila.
Sin investigación adecuada del delito toda esa cantidad de detenidos y decomisos que nos informan a diario se convierten en humo. Salen libres en poco tiempo. Quizás sea una de las razones por las que el gobierno del estado no nos informa las cifras de sentencias.
Según el Censo de Procuración e Impartición de Justicia Estatal 2022 y de solicitudes de información de la organización México Evalúa, el porcentaje de casos denunciados no resueltos, en nuestra entidad, en homicidios dolosos es de 99.9; en feminicidio, 94; desaparición, 95 por ciento; extorsión, 99; violación, 95; robo simple, 96; despojo, 96; fraude, 97 y, narcomenudeo, 100.
De todos los casos que conoció la fiscalía sinaloense en 2022, el 96 por ciento no se resolvió, 5 puntos peor que en 2021. Es una de las causas de que hoy estemos como estamos.
Ni en los casos de los 48 policías asesinados, en este año de narcopandemia, ha sido eficiente la fiscalía. No hay un solo detenido por ello, informó la fiscal el 3 de septiembre.
La impunidad es un incentivo para el uso de la violencia, para cometer conductas antisociales, para abusar de los desarmados, para convertir las calles y las plazas en escenarios del crimen.
La impunidad alienta el cáncer más grave que padece nuestra sociedad: el antivalor de obtener dinero a costa de lo que sea. La impunidad lo hace posible y redituable.
Los sinaloenses padecemos las expresiones más poderosas del mundo del crimen organizado y para investigar y perseguir el delito tenemos una de las fiscalías más débiles del país
Parte de la clase política parece determinada a reproducir la debilidad de las instituciones. El Congreso y el Consejo Estatal de Seguridad Pública no han sido el contrapeso que debieran.
¿La ineficiencia, la ineficacia, la corrupción y la complicidad desaparecerán solas?
