Es complejo partir de la premisa del dictado de un veredicto social y político en contra de quien se ve envuelto en situaciones de compromisos presumiblemente penales.
7 de mayo de 2026.
Un gobierno extranjero afirma que ciudadanos mexicanos cometieron diversos delitos que afectan a las instituciones y a la sociedad de ese país y que por ello tienen que ser presentados ante la justicia norteamericana para que sean juzgados.
El argumento que se invoca es que conforme al tratado internacional que tienen celebrado Estados Unidos y México, permite que se den ese tipo de procedimientos y para ello mantienen vigente aquella frase muy conocida en el derecho internacional bajo el nombre de “Pacta Sun Servanda”.
Resulta controvertido el hecho de que un tratado celebrado parta del principio de que basta que el país que se sienta ofendido con una conducta que violente el pacto sea solicitado simplemente y que el país requerido proceda a la entre de sus ciudadanos involucrados.
El tratado, no debe ir más allá de lo que el derecho mexicano establezca. Lo desconozco, pero no se puede por el solo hecho de celebrarlo, renunciar a los principios que emanan de los artículos 1, 14, 16, 17 y 20 de la constitución mexicana.
Para ser sujeto de un procedimiento penal, en efecto, se parte de que exista un hecho que la ley lo considere como delito para que el ministerio público proceda a la investigación e integre la capeta respectiva. En ella, se incorporan los datos de prueba que permitan proceder en contra de un imputado legalmente. Al parecer, en el caso de los ciudadanos sinaloenses solicitados para ser detenidos preventivamente con fines de extradición no se cumple con ese mínimo estándar probatorio.
La narrativa es abundante, pero con una retórica muy imprecisa. Lamentablemente en este asunto, la filtración ocurrida puede ser una omisión grave o por una intención políticamente malvada.
La sociedad interesada en el tema que puede ser toda, siente que el hecho se ha politizado y eso tendría un desenlace que no le abonaría ninguna utilidad a las relaciones entre los países en pugna por este hecho. El gobierno mexicano, debe ser claro y borrar de tajo toda duda y satisfacer el interés de todos.
El tablero del ajedrez político obliga a mantener la serenidad para que todo movimiento que se realice o las declaraciones que deban rendirse con relación a las jugadas que procedan no deben dar motivos para una calificación de ingenuidad política y menos de incurrir en dudas razonables que perjudiquen el juego en que están comprometidos a ganar.
Hay advertencias externas, de que habría más solicitudes similares a los de los ciudadanos sinaloenses, cuya seriedad debe ser atendida con oportunidad, porque los medios y las redes sociales están ganando demasiado espacio y parece ser que rebasan las capacidades de respuesta del gobierno. El asunto, quiérase o no admitir, se está politizando a niveles peligrosos. No debe permitirse que el derecho y la legalidad se desplace por intereses políticos.
El comentario, no se dirige en defensa de nadie, solo el llamado de atención de que el derecho mexicano fija reglas muy claras que deberán ser no solo atendidas sino cumplidas.
La Fiscalía General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores deben realizar el mejor la mejor de sus actuaciones y arribar al veredicto que debe ser dictado. No son momentos para dudar sino para convencer.
¿Usted qué opina?
