Sinaloa amanece triste o derrotado en su aspiración legítima de sanear el manejo de su presupuesto para que este se realice con legalidad, transparencia y honestidad.

Viernes 25 de junio de 2021.

La Fiscalía estatal acaba de dar un golpe mortal a la confianza ciudadana con la omisión dolosa de no investigar de fondo los hechos de corrupción en los que se vio involucrado el
extesorero estatal malovista por un presunto desvío millonario en perjuicio del erario estatal.

Un golpe al sistema anticorrupción sinaloense ante el arreglo vergonzoso celebrado entre el mencionado exfuncionario y la Fiscalía estatal.

Para llegar a la suspensión condicional del proceso, se requiere cumplir entre otros requisitos, que el delito por el que se le haya vinculado a proceso al imputado no rebase la media aritmética de cinco años de prisión y que no haya oposición de la víctima u ofendido. No cabe duda de que las complicidades están a la vista para que dicho exfuncionario restituyendo la cantidad por alrededor de dos millones de pesos gozará de libertad. ¿es así como se alcanzará la confianza ciudadana en el combate a la corrupción?

El gobernador se va y le cumple a Malova los compromisos contraídos en el relevo gubernamental. Sin embargo, el problema no solo es ahí, los organismos creados para abatir la corrupción no están dotados de atribuciones para cumplir con su misión constitucional.

Resulta relevante exponer a continuación lo expuesto con carne y hueso por Enrique Hubbard Urrea, un ciudadano sinaloense de reconocida solvencia moral y de honorabilidad en el servicio público, e integrante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, cuando señala:

“Efectivamente el problema es que hay poco conocimiento sobre la naturaleza y atribuciones del Comité de Participación Ciudadana. Las instancias del Sistema que deben evitar, previenen, detectar, perseguir y castigar actos de corrupción están claramente definidas en la Constitución y en la ley.

El CPC no es una de ellas, su función es encausar acciones de la sociedad civil hacia el combate a la corrupción y coordinar las atribuciones que en la materia tienen los integrantes del Comité de Coordinación, donde
descansa la responsabilidad de actuar en contra de la corrupción. No tiene estructura, ni presupuesto, ni oficinas, ni papelería, vamos, ni teléfono siquiera. Para reunirse gestiona el préstamo de espacios. No hay vehículos, ni computadoras, ni ningún tipo de recursos materiales o humanos. Tampoco hay conflictos de intereses entre sus integrantes, quienes se sujetan a un proceso de selección a cargo de una Comisión con representantes de la sociedad civil, de la academia y del sector privado, quienes son seleccionados por el Congreso.”

Bien comentó el que esto escribe, que no serán los servidores públicos los que hagan funcionar eficazmente el sistema, tienen que ser los miembros de la sociedad civil los que valientemente enfrenten los intereses económicos gubernamentales para que la corrupción no siga imperando.

Será suficiente para los señores legisladores lo señalado por dicho ciudadano para que, con visión política y justificación probada, revisen urgentemente la ley del sistema estatal anticorrupción y resuelvan las necesidades normativas que requiere el Consejo de Participación Ciudadana para cumplir con su encomienda constitucional y legal. De lo contrario, serán cómplices de la simulación gubernamental de combatir la corrupción. Un fraude a la confianza ciudadana.

Al Ejecutivo Estatal, antes de irse y dejar su función, instale de manera digna y funcional el lugar donde deberá funcionar el Consejo de Participación Ciudadana. Le cuesta mucho más al presupuesto estatal la contratación de empresas privadas para que anuncien que usted es uno de los mejores gobernadores del País. No simule y cumpla con su obligación.
¿Usted qué opina?