La participación ciudadana debe ser privilegiada para que los nombramientos del Fiscal Estatal y los titulares de las instituciones policiales en el Estado no sean por determinación oficial.
Viernes 11 de marzo de 2022.
Decisiones políticas en la administración pública que no han funcionado, deben ser desterradas para dar paso a nuevos sistemas de nombramiento de funcionarios en las áreas de investigación criminal y de seguridad pública. Sus perfiles deben ser de reconocida solvencia a juicio de la sociedad y no por quien gobierna en el estado.
Los compromisos políticos y de conveniencia en el nombramiento de los funcionarios que asumen ese tipo de responsabilidades en su gran mayoría no han sabido responder a la confianza de quien los ha nombrado y el reproche social para nada se ha tomado en cuenta.
Se reformó la Constitución Política Local para considerar la participación ciudadana en el nombramiento del Procurador hoy Fiscal General del Estado. La conformación mixta del consejo estatal de seguridad pública por un lado los funcionarios responsables de la seguridad estatal y de procuración de justicia, y por otro, una coordinación general ciudadana formada por miembros de la sociedad civil.
La coordinación general de manera sistemática se ha alineado a las ordenanzas oficiales, perdiendo desde sus orígenes la independencia con la que debió realizar su proceso de nombramiento de la terna o quinteta para que el titular del ejecutivo estatal mande su propuesta al congreso del estado para su determinación final.
El proceso, siempre ha sido engañoso o fraudulento a la buena fe de quien se ha atrevido a participar ya que se va con la creencia de que la transparencia y la rectitud de los miembros de la coordinación general será el común denominador en la selección de aspirantes para llevarlo a la titularidad de la fiscalía estatal.
Como en el carnaval de Mazatlán. Mucho se dijo que los riesgos de contagio de llevarse a cabo detonarían la pandemia del covid. Que lo conveniente era no llevarlo a cabo. Finalmente se decidió realizarlo corriendo riesgo de que los males pandémicos proliferaran. Sin embargo, detrás del intenso manejo mediático del asunto, se nombró a la reina del carnaval, la preparación de los carros alegóricos y los demás accesorios de esa fiesta colectiva. La decisión política y de conveniencia ya estaba tomada. Que si habría carnaval.
Así ha sucedido en el nombramiento de Fiscal. Mucho ruido de que el procedimiento de registro, comparecencias y selección de aspirantes para la titularidad de la fiscalía, la rectitud y transparencia no sería objeto de ningún reproche social.
En todos los procesos realizados con esos fines, ha habido uno o una aspirante favorecidos. No cuestiono capacidades de quienes han tenido el privilegio de estar en esa posición. Lo reprochable es el procedimiento que se ha utilizado pero ideado para encubrir decisiones políticas o de conveniencia. La coordinación general del mencionado consejo ha sido el instrumento rector para favorecer el nombramiento final.
Sin embargo, invitaría a los estudiosos del tema para que se estructurara una propuesta a fin de que la coordinación general del consejo estatal de seguridad pública, llevara a cabo el procedimiento que se estila de publicar la convocatoria, registro de aspirantes, programación de comparecencias, pero eliminar como facultad de la coordinación general elegir la quinteta de aspirantes y llevarla al Gobernador. Que se estructure un sistema de votación, para que sea la voluntad popular la que determine quién quiere que sea el fiscal estatal.
Un procedimiento similar debería llevarse a cabo para nombrar a los titulares de las instituciones de policía en el estado. Proscribir la corrupción, la inseguridad y la impunidad en el estado, bien vale la pena analizar la propuesta.
¿Usted qué opina?
