Muchos de los desaparecidos son producto de la participación policial.
Miércoles 2 de agosto de 2023.
Hay señalamientos categóricos de los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos. Las fuerzas armadas son un riesgo para la seguridad personal.
La protesta ciudadana de las familias afectadas por desaparecidos en Navolato, no son hechos superficiales. Es una realidad que afecta la seguridad estatal y compromete a elementos de las fuerzas armadas habilitadas en asuntos de seguridad policial.
No debe afirmar, como lo hizo, señor Gobernador, que lo sucedido en Navolato fue producto de acciones criminales clonando uniformes de las fuerzas de seguridad militar.
Su compromiso con las familias afectadas es la de ordenar una investigación a fondo sin importar quienes puedan ser los responsables independientemente del uniforme que porten.
El uniforme militar por sí mismo no es garantía de seguridad de quien lo porte. Pero habría que admitir, que esos deleznables hechos son parte del uso de la fuerza militar en asuntos de seguridad pública en el que el Senado comparte esas complicidades con el Presidente de la República.
Tampoco hay que desconocer los graves acontecimientos que tienen en jaque a los habitantes de las comunidades serranas de Sinaloa Municipio, la inseguridad se ha vuelto crítica por el descuido del gobierno en atender las necesidades básicas de la población en esas comunidades. La crisis de inseguridad no es exclusiva de ese municipio, es de todo el Estado.
Mandar una tropa militar de más de trescientos elementos a los lugares del conflicto quiere decir que la situación no es para minimizarla.
Pero extraña, porque el asunto es grave, que sea personalmente el Gobernador quien tenga que dar la cara ante los habitantes enfurecidos cuando hay un mando estatal militar que debe ser quien informe de lo que sucede en esa zona de guerra.
Esos cañonazos de inseguridad impactan de manera ofensiva en el ánimo social, porque la violencia produce hoyos muy alarmantes en la seguridad ciudadana.
Los hechos de violencia colectiva no han sido propios del Municipio de Sinaloa, es una actividad criminal recurrente por la falta de mandos policiales confiables y la insuficiente fuerza policial por las complicidades gubernamentales que se resisten a tener una policía sana, confiable y profesional.
Esos hechos de alto riesgo que impiden vivir en paz, se le suma la espera social de las investigaciones que no han querido llevar a cabo en contra de los exgobernadores Quirino Ordaz y Malova, la Auditoría Superior del Estado y Fiscalía esperan órdenes para poder actuar.
Compromisos políticos de alto nivel quizá lo estén impidiendo.
La situación de inseguridad en Sinaloa es crítica.
El Estado se arrodilla ante la delincuencia organizada que cada vez actúa con mayor ferocidad. Los espacios de control en los corredores de la droga, origina esas luchas sin importar los daños que causen a la tranquilidad social.
El Gobernador visita los campamentos de refugiados, pero sería mejor que visitara las comunidades que dejaron para desterrar el peligro y animarlos a que regresen. Un sueño distante de la realidad. El inconveniente es que los pandilleros siguen libres y delinquiendo.
Por si la inseguridad estatal no fuera suficiente, por otro lado, se ve el rostro del Gobernador furibundo contra la Universidad Autónoma de Sinaloa y sus autoridades, amenazando con mandar una iniciativa de Ley Orgánica, si los muchachos salen a las calles a protestar por la violación a la autonomía universitaria. El Gobernador no debería enojarse porque es una realidad que podrá detener.
La UAS no se toca, la autonomía universitaria se respeta.
¿Usted qué opina?
