Un hecho que se agrava por la falta de garantías a la seguridad personal se convierte en un suplicio para los familiares de las víctimas de los levantados y desaparecidos y ¿el gobierno?
Viernes 4 de agosto de 2023.
Desde el momento que se reporta un hecho de “levantón” las autoridades deben operar de inmediato el protocolo de búsqueda y localización de la víctima de esos atentados a la libertad personal, se recibe la llamada y no hay reacción.
La víctima difícilmente será encontrada.
Ante esa incapacidad policial, el estrés familiar se vuelve extremo y recurren a sustituir las obligaciones gubernamentales para crear sus propios grupos de búsqueda porque de lo contrario la espera se volverá agotadora, desesperante e infructuosa.
La estadística nacional es terrible, pero más cuando vemos que en el Estado de Sinaloa las autoridades se hacen bolas y la Fiscalía y el Consejo Estatal de Seguridad Pública no se ponen de acuerdo en cuanto al número de personas levantadas y desaparecidas en el curso del presente año.
Debería desterrarse el sistema de que la estadística se vuelva rutinaria y se comparen números de delitos con relación a meses o años anteriores en vez de que las autoridades se preocupen por eficientar la prevención y evitar el delito.
El desacuerdo entre las autoridades que deberían llevar un registro uniforme de delitos confunde al Gobernador porque al dar información a los medios de comunicación se evidencian números distintos entre los que maneja la Fiscalía y los que tiene el Consejo de Seguridad Pública.
Si entre las autoridades no se ponen de acuerdo el número de delitos que se cometen en su Estado, quiere decir que la información que se proporciona a la sociedad es la que quiere y como quiere el gobierno. Seriedad y ética institucional es lo que parece que está faltando.
Mientras el Estado se tambalea con las crisis de inseguridad por los hechos recientes en la sierra de Sinaloa Municipio, el fenómeno delictivo se extiende por toda la sábana serrana y en las zonas urbanas los grupos delictivos se encuentran al asecho para cometer sus fechorías. La delincuencia no da tregua al gobierno y la seguridad personal no está garantizada para nadie.
El Gobernador acaba de nombrar a la nueva titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Sinaloa, un hecho que desacredita la eficiencia de la prevención para evitar que una persona sea privada de su libertad y después de la vida ¿Se requerirá ampliar el aparato burocrático para desplazar la investigación que corre a cargo del ministerio público y de su policía investigadora?
Pero lo aberrante está en que la mencionada Comisión deberá coordinarse con los grupos de búsqueda de los familiares desaparecidos para que conjuntamente se den a la tarea de localizar a las personas levantadas y que no aparecen.
El gobierno le apuesta a poner en práctica estrategias presumiblemente de atención a los problemas ciudadanos cuando lo que hace es mostrar su incapacidad para evitar que esos hechos ocurran y que afectan gravemente a la seguridad personal y que manchan la tranquilidad social en el Estado.
Los grupos de familiares víctimas de desaparición forzada, son los que llevan el trabajo agotador en sus hombros, el dolor causado por desconocer el paradero de sus familiares es lo que los anima a mover cada piedra, recorrer caminos y veredas, pero siempre con la idea de encontrar a su familiar perdido.
Ese compromiso no será el del gobierno, los grupos de búsqueda seguirán aumentando y el dolor en los hogares sinaloenses se seguirá escuchando, porque mientras una persona está siendo privada de su libertad, la policía prefiere “descansar” cercando instalaciones de radio e intimidando a los que tienen la misión social de informar. La Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, fue víctima de un acto de intimidación terrorista.
La UAS no se toca, la autonomía universitaria se respeta.
¿Usted qué opina?
