El Gobernador Rubén Rocha Moya parece que se ha decidido a revisar los antecedentes de corrupción de su antecesor en su paso por esa silla gubernamental.
Enero 14 de 2025.
Los tiempos que establece la ley para realizar revisiones a la cuenta pública estatal quizá salven a muchos otros titulares del Poder Ejecutivo Estatal. Quienes sustituyen en esos encargos regularmente se vuelven miopes y no ven más allá de lo que no quieren ver, por razones políticas.
La corrupción es un mal endémico en los gobiernos de México no solo en el de Sinaloa. Los gobernantes independientemente del partido político que usted quiera, no escapan a ese escrutinio popular que los juzga calificándolos de corruptos.
Patrimonios construidos producto de la corrupción solapada ha permitido que personajes conocidos de la nada llegan al gobierno y se vuelven millonarios. Los diputados en el congreso, como parte del mismo partido en el poder, tienen esa responsabilidad cómplice que ha solapado esa terrible corrupción que ahoga los presupuestos estatales o municipales.
Los ciudadanos conocen de todas las maniobras que se llevan a cabo desde el gobierno para realizar trámites que dejan jugosas ganancias y que lamentablemente por amiguismo, compadrazgos o compromisos políticos permiten que esas bribonadas queden sin castigo.
En el gobierno de Quirino Ordaz se cometieron presuntamente muchas tropelías en el manejo presupuestal y en particular en la ejecución de la obra pública. Una forma muy lucrativa para hacer negocios y que no comprometen, según lo dicen, la seguridad de quien participa en los beneficios que produce el dinero del gobierno.
Hoy se cuestiona una deuda escandalosa y que simbra las finanzas estatales. Pero solo se le menciona uno de tantos deslices presupuestarios que se le imputan al flamante Embajador en España. Falta que hable el Químico Benítez de lo que ocurrió con esas famosas luminarias adquiridas y que al parecer por esa compra perdió la Presidencia Municipal de Mazatlán. Alguien dice por ahí, que, Quirino Ordaz, tuvo algo que ver con ese hecho, entre otros más por allá en Mazatlán.
Que bien que se dice que en la cuenta pública de Ordaz Coppel se cometieron barbaridades en las auditorías practicadas ¿Lo que no se puede digerir es porqué se aprobaron las cuentas públicas de ese periodo gubernamental si las auditorías fueron una total porquería en su realización? Una simulación de legalidad que ahora impacta seriamente en la estabilidad presupuestal del gobierno.
Claro que se pueden reabrir las revisiones a esa cuenta pública estatal por la Auditoría Superior del Estado y por la Secretaría de Transparencia estatal ¿Pero por qué no se procede también contra esos diputados que se prestaron a la farsa y a la complicidad para la aprobación de esas cuentas públicas estatales a sabiendas de que protegían la ilegalidad?
¿Quiénes formaban parte de la comisión de fiscalización en ese periodo o del Pleno que las aprobó? ¿Recibieron instrucciones para que se hicieran de la vista gorda y dejaran pasar todo tipo de tropelías contables para la aprobación de la cuenta pública?
Que bien que se proceda contra quien ha cometido esos actos de corrupción y que deben dejar un precedente para que los gobiernos cumplan de manera legal y transparente con el ejercicio del gasto que es del impuesto de los contribuyentes y no de los pícaros que se aprovechan del puesto para hacer sus canalladas.
Ojalá y que los plazos permitan que revisiones de la cuenta pública de otros gobiernos sean llevadas también al escrutinio riguroso de quien por compromisos políticos ocultaron desvíos en actos delincuenciales del presupuesto estatal.
Debería nombrase una comisión especial con la única finalidad de revisar las cuentas públicas de otros gobernantes para castigar ejemplarmente la corrupción. El presupuesto no puede ni debe ser la fuente de enriquecimiento de delincuentes políticos en el gobierno.
También hay un tema de interés y que no se ha resuelto ¿El inmueble de la Unidad de Servicios Estatales, para cuando se sabrá realmente quién es el propietario? aunque no se desconoce que ya se dijo que era de la Sección 53 del SNTE ¿cómo se adquirió y cuanto se pagó? ¿qué se hace con lo que se recauda de la renta? ¿En el SNTE no hay auditorías?
¿Usted qué opina?
