¿Cuál es la justificación que los anima para involucrar la participación de la comunidad universitaria en el nombramiento de Rector y Directores de Unidad Académica?
Lunes 29 de mayo de 2023.
La Universidad Nacional Autónoma de México tiene en su Ley Orgánica que la Junta de Gobierno es la que se encarga de nombrar al Rector de esa Casa de Estudios.
Los nombramientos han venido cubriendo las expectativas de la sociedad y de su propia comunidad. No se califica como Junta de Notables a ese cuerpo colegiado.
La Junta de Gobierno tienen entre sus facultades en el caso de elección del Rector explorar en la forma que estime pertinente la opinión de los universitarios.
En el caso del nombramiento de los Directores de Unidad Académica la propia Junta lo nombrará de una terna que proponga el Rector quien previamente la someterá a la aprobación de los Consejos Técnicos respectivos.
Mecanismos que permitan dar una eficacia plena y confiabilidad al nombramiento de las autoridades universitarias debe ser la premisa que se observe por quien está proponiendo modificar la vigente Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Si en la UNAM ha funcionado esa forma de nombrar a sus autoridades, por qué no visualizar esos procedimientos que procuren apartar en lo posible la intervención de alumnos y maestros en los procesos de elección para que a trasvés de su voto sea elegido el Rector y los Directores de Escuelas y Facultades.
Pretender que la democratización se alcanza con la participación generalizada de la comunidad universitaria como fórmula electiva de esas autoridades, es engañarse a sí mismos, al pretender incorporar en las instituciones de educación superior, un populismo que lejos de resolver una necesidad cualitativa del conocimiento permitiría que el conocimiento dejara de ser prioridad en las áreas de formación de los profesionistas que requiere la sociedad y el gobierno.
No sería lo mismo, si en realidad las propuestas fueran las de establecer mecanismos de control en la aplicación del gasto, y que la contraloría social universitaria se viese reforzada con la mayor participación de la sociedad y de la comunidad universitaria, en formular las recomendaciones para la aprobación del presupuesto universitario y proponer mecanismos efectivos y confiables de control y vigilancia del gasto universitario, y seguridad en las formalidades en las licitaciones para la adquisición de bienes y servicios.
En el contenido de la iniciativa se sigue insistiendo de darle participación a la Auditoría Superior del Estado y al Congreso del Estado. No es que haya resistencias por negar su intervención. Se trata de evitar la ilegalidad en los actos legislativos del Congreso. La iniciativa propuesta debe apegarse a lo que establecen las leyes que obligan a la Universidad a ser auditada por la Auditoría Superior de la Federación.
Permitir reformas en la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que incorporen contenidos violatorios a la autonomía de la Institución, sería seriamente reprochable por la comunidad universitaria a la que se deben sus autoridades.
Hay un conflicto legal por ese motivo.
Para evitar esos desaguisados legislativos, lo recomendable sería lo que en este espacio se sugiere, que se amplíen las facultades de la Contraloría Social Universitaria y que funja realmente como un órgano auxiliar de revisión y orientación del H. Consejo Universitario de la UAS.
Admitir la vigencia de que la comunidad estudiantil y la de los maestros intervengan en la designación de sus representantes al Consejo Universitario y a los Consejos Técnicos de Unidad Académica, es saludable.
Si la Comisión Permanente de Postulación, ha dejado de merecer confianza a los universitarios que ahora gobiernan, adóptese el nombre de Comisión de Elecciones y que sea ese órgano el que discrecionalmente adopte el sistema de opinión de los universitarios para formular la propuesta de elección al Consejo Universitario.
Paridad de género e inclusión, no sería ningún inconveniente que forme parte de la Iniciativa es un asunto que viene cobrando vigencia en todos los ámbitos del quehacer político y gubernamental, por lo que las instituciones de educación superior no deben ni pueden ser la excepción.
El reto, es el imperativo del respeto y la razón sobre la irracional represión.
La UAS no se toca, la autonomía universitaria se respeta.
¿Usted qué opina?
