Los cuerpos policiacos débiles son más fáciles de corromper y son más ineficaces para prevenir, investigar y perseguir el delito.
Por: Omar Garfias.
Agosto 26 de 2025.
Aquí se mata y roba porque se puede hacer impunemente, no existen, entre otras cosas, las instituciones locales necesarias para garantizar la seguridad pública.
Sinaloa cuenta con un policía por cada 2 mil habitantes, Yucatán con uno por cada 625. Tenemos menos de la tercera parte de elementos para cuidarnos que allá.
En junio de este año, aquí asesinaron a 207 personas, en Yucatán a una.
Es información oficial del Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y Estatal 2025 del INEGI publicado en este mes de agosto y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En Querétaro, el 100 por ciento de los policías estatales cuentan con el Certificado Único Policial. En Sinaloa solo el 61 por ciento. En el primer semestre de este año allá hubieron 80 homicidios dolosos, aquí, 839.
En Durango, el 92 por ciento del personal de las corporaciones policiacas estatales obligado a presentar evaluaciones de control de confianza trabajaban con evaluaciones aprobatorias vigentes, en Sinaloa solo el 48 por ciento. Allá la tasa de robo de vehículo por cada 100 mil habitantes en junio fue de 1.65, aquí, 16.68.
En Nuevo León, en 2024 la institución de seguridad pública estatal ejerció mil 374 pesos por cada ciudadano, en Sinaloa solo 432. Allá la tasa de robo con violencia por cada 100 mil habitantes en junio fue de 3.06, aquí, 21.41.
Respecto a la infraestructura policial; edificios de comandancias, estaciones, subestaciones, módulos, etc; la policía estatal de Coahuila cuenta con 69 unidades, la de Sinaloa, solo 5. Allá la tasa de robo de negocio por cada 100 mil habitantes en junio fue de 3.06 y aquí, 21.41.
Uno de los parámetros de eficacia es la cantidad de presuntos delincuentes detenidos y puestos a disposición ante las autoridades de justicia cívica y el ministerio público.
En 2024, la policía estatal de Durango puso a disposición a 4 mil 769 presuntos delincuentes; la de Coahuila a 9 mil 195; la de Querétaro, 17 mil 506; la de Yucatán, 17 mil 759 y la de Sinaloa, solo 751.
Los sinaloenses padecemos algunas de las expresiones del crimen organizado más fuertes del mundo y, para protegernos de ellas, tenemos a una de las instituciones de seguridad pública estatal más débiles del país.
La policía estatal está entre las que tienen menos elementos, menos certificaciones, menos presupuesto, menos infraestructura y menos evaluaciones aprobadas de control de confianza.
El crimen organizado que padecemos está por encima del resto del mundo, las policías locales están por debajo del resto del país.
No hay experiencia exitosa de pacificación en el mundo que no haya tenido como componente indispensable al fortalecimiento de las policías locales.
Suponer que no es necesario reconstruir las policías sinaloenses tiene varios errores, entre ellos, no asumir que las fuerzas federales se irán en algún momento y que quedaremos, nuevamente, expuestos a las debilidades propias.
Del mismo modo, no se tiene la claridad que las instituciones estatales de seguridad pública tienen tareas específicas que no pueden realizar el ejército o la Guardia Nacional. El gobernador se preguntaba por qué con tanto militar en la calle seguían sucediendo tantos delitos, la respuesta es sencilla: no se están haciendo las labores de investigación, reacción y proximidad que requieren del sigilo, discreción, conocimiento del terreno y persistencia que solo pueden realizar las policías, esas labores donde estorba la aparatosidad y pesadez de la milicia.
Además, es falsa la creencia de que los miembros federales no se corrompen con el contacto prolongado con la delincuencia.
La causa del fracaso en el combate al crimen organizado está, además de la implementación de una estrategia equivocada, en el hecho de suponer que se puede pacificar sin que el gobierno estatal cumpla su papel en la solución de problemas de la violencia.
En el marco de una estrategia multidimensional, el Ejército, la Guardia Nacional y la Marina aportan una contribución valiosa, pero, además del trabajo policial específico que no puede realizar, tampoco tienen ni la visión ni el control de campos como la educación, el empleo, la infraestructura, la economía ni el vínculo con la sociedad como para asumir la responsabilidad de devolver la paz al estado.
Con base en la exitosa pacificación de Coahuila, Rubén Aguilar concluye: “Se requiere la acción concertada de los tres órdenes de gobierno, pero el peso de las decisiones, la operación y el seguimiento de la estrategia es responsabilidad del gobernador. Mientras eso no ocurra el problema nunca se va a resolver”.
Necesitamos la reconstrucción de las policías locales. Tener lo que hoy no tenemos: instituciones de seguridad pública y aplicación de la justicia capaces de prevenir, investigar y perseguir el delito, con una cantidad adecuada de policías y agentes del ministerio público; no cooptados por el crimen organizado; capacitados y equipados al más alto nivel; con salarios profesionales; con apoyo de servicios de peritaje y, con autonomía respecto a cualquier otro poder.
El problema de inseguridad es tan grande que necesitamos un policía por cada 500 habitantes, el 100 por ciento con certificado único policial, el 100 por ciento con evaluaciones de confianza aprobadas y vigentes, con sueldos como los del programa “Legado” de Jalisco, con un plan de construcción de la infraestructura necesaria y un presupuesto para la institución de seguridad pública estatal de mil 500 pesos por cada habitante del estado.
Un consejo con participación ciudadana y gubernamental debe establecer técnicamente un cronograma y darle seguimiento a la reconstrucción de las policías locales.
“Puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único” canta John Lennon, y los que queremos mejorar nos estamos uniendo para exigir paz.
