ABUSO DEL PODER POLÍTICO MUNICIPAL CASO GUASAVE


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¿Qué sucede en el municipio de Guasave? El Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje ha desviado su quehacer constitucional para convertirse en un títere del Presidente Municipal.

Jueves 20 de enero de 2022.

Hay un sindicato constituido por los trabajadores al servicio de esa entidad municipal, desde hace casi cincuenta años y es titular del único contrato colectivo de trabajo celebrado con el mencionado Ayuntamiento.

Aurelia Leal cuando Presidenta Municipal el trienio anterior, ordenó al Presidente del Tribunal Municipal que negara la toma de nota a la nueva representación del sindicato de trabajadores al servicio del Ayuntamiento de Guasave y le diera curso a una solicitud que le presentarían para constituir una nueva organización sindical. Que se le otorgara el registro y reconociera la nueva directiva sindical sin mayores miramientos.

De ese asunto, se encuentra un amparo en curso, en el que al sindicato que representa Alejandro Pimentel, o sea el sindicato más antiguo, para obtener el reconocimiento de la elección de su directiva llevada a cabo en asamblea legalmente celebrada conforme a sus reglas estatutarias. Está por resolverse en definitiva el fondo del asunto por el Juez de Distrito mismo amparo y protección constitucional que seguramente le será concedido.

Surge el nuevo sindicato de una manera espuria. Lo registra un Tribunal desintegrado porque carecía de Presidente y representante del Sindicato que dirige Alejandro Pimentel, al serle rechazada la propuesta presentada al inicio de la administración municipal que estuvo a cargo de Aurelia Leal.

El nuevo sindicato o sea el Autónomo de Trabajadores del Ayuntamiento de Guasave, que dirige Célica Berenice Gaxiola Castro, es una organización que carece de legalidad porque fue registrado por un Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje sin estar constituido legalmente. Este tipo de tribunales tiene una vigencia de tres años o sea que se rigen por el periodo municipal donde ejercen su jurisdicción. Cada tres años el Ayuntamiento y el Sindicato designan a sus representantes y entre ellos, de común acuerdo, nombran a quien fungirá como Presidente.

En Guasave no ha sido así. Hay diversos conflictos derivados por la necedad de una Presidenta Municipal que agarró careada con el dirigente sindical Alejandro Pimentel, al extremo de despedir a todos los miembros de la directiva sindical cuyos juicios individuales fueron ganados por ellos con un costo considerable a las finanzas municipales y con la obligación además de reinstalarlos en sus trabajos. Está en proceso cumplir con esa condena.

En esta nueva administración, la que dirige el Dr. Martín Ahumada Quintero, se comete otro atropello de poder a través del mismo Tribunal Municipal, en el que por resolución administrativa dictada de manera arbitraria al estar fuera de todo procedimiento legal, reconoce que la mayoría de trabajadores del Ayuntamiento de Guasave está afiliada en el sindicato que dirige Célica Gaxiola atendiendo un listado que le remitió la Oficialía Mayor del mismo Ayuntamiento, sin que se haya atendido la voluntad de los trabajadores para manifestar a qué organización sindical querían pertenecer, o sea que fue el dictado patronal lo que atendió dicho Tribunal.

Una violación flagrante a la autonomía sindical, ya que debieron ser los propios trabajadores los que decidieran a cuál de los sindicatos sería su deseo pertenecer a través del voto personal y secreto en el procedimiento de titularidad del contrato colectivo de trabajo. Lo hecho por el Tribunal Municipal es una aberración que ha sido combatida por la vía del amparo en el que se tiene confianza y seguridad que al sindicato que dirige Alejandro Pimentel le darán la razón legal.

En tanto no se determine la ilegalidad combatida, la revisión del contrato colectivo de trabajo corresponde al sindicato titular del contrato colectivo de trabajo que es el que representa Alejandro Pimentel, y no el espurio que dice representar Célica Gaxiola.

Abusos en el ejercicio de una posición pública por intereses políticos, es un atentado a la legalidad y a los derechos fundamentales de los trabajadores y del sindicato. Las marchas y los plantones se ven necesarios como respuesta a ese abuso del poder político municipal.

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