No se trata de que un asunto se politice y se dejen fuera las razones legales que deben prevalecer en un hecho que es de suma gravedad.
30 de abril de 2026.
El ciudadano solo opina en cuanto a los hechos que rodean una noticia que se ha mediatizado y que pierde su esencia porque las realidades no se ocultan. En efecto, hay dos hechos que hacen que la verdad desaparezca.
El asunto Chihuahua en el que por su manejo dejó mucho que desear por la forma en que fue tratado por las esferas políticas nacionales. Debió ser canalizado obligada y forzosamente por las instancias constitucionales y legales para evitar que el asunto dejara de ser un tema político sino de violación, si la hubo, a las facultades que debe ejercer un ejecutivo estatal constitucionalmente.
En el asunto Chihuahua se involucró a personal de la Agencia Central de Inteligencia (la del espionaje norteamericano) para intervenir en un asunto local cuando debió ser aprobado por las instancias federales competentes.
La Presidenta debió conocer de fondo las circunstancias de consumación de los hechos para instruir a las áreas que debieron haber intervenido, pero lamentablemente, se desbocaron diversos actores políticos y lo que bien pudo quedar solucionado complicaron la situación y obstaculizaron las determinaciones que la Presidenta tenía suficientemente claras.
Las casualidades difícilmente se presentan en situaciones en los que como hoy detonaron en otro asunto que al parecer tiene todos los tintes políticos, aunque se pretenda sustentar en una investigación desarrollada en un país extranjero conforme a la normatividad jurídica de aquel país y que en el nuestro pueden o no tener aplicación.
Las formalidades que deben cumplirse en una investigación en México deberán estar sustentadas en los procedimientos nacionales y no en los extranjeros, aunque se recurra a las normas de los tratados de extradición.
La Cancillería mexicana y la Fiscalía General de la República deberán resolver la situación jurídica que corresponda a esa solicitud de extradición en contra de diversos políticos y servidores y ex servidores públicos de instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia.
¿Una solicitud de extradición sin pruebas de probable responsabilidad penal? ¿Que las pruebas fueron presentadas ante un gran jurado en el distrito de Nueva york? ¿La Fiscalía General de la República llegaría a detener a una persona por el solo hecho de ser solicitado por un gobierno extranjero invocando una presunta responsabilidad penal en su contra, con su solo dicho? El gobierno mexicano debe ser muy cauteloso en la forma de resolver y no dejarse llevar por las presiones políticas de las autoridades norteamericanas.
Debe quedar claro quien deberá opinar o declarar sobre ese tema, por lo delicado y lo trascendente que resultaría en las relaciones bilaterales de los dos gobiernos. Si cada actor gubernamental se pone a declarar podría incurrirse en indiscreciones que alentarían las presiones políticas contra la Presidenta Sheinbaum.
Quizá incurra en algún comentario que no pueda gustar a algunos en este espacio de opinión, pero debo afirmar, que hace muchos años conozco al Dr. Rubén Rocha Moya y en todo ese tiempo se pudo tener diferencias con él, pero de tener nexos con miembros de la delincuencia organizada y otros hechos, me parece una terrible temeridad soltar esas afirmaciones, pero serán las autoridades mexicanas quienes resuelvan esa situación y en quienes debemos depositar toda la confianza porque no es un asunto de partidos políticos es un asunto de estricta legalidad. Un voto de confianza Sr. Gobernador.
¿Usted qué opina?
