La conciliación nacional es difícil que llegue después de cuatro años de revanchismos políticos entre el partido que gobierna y los que dejaron de ser gobierno.
Miércoles 7 de diciembre de 2022.
La sangría biliar sigue escurriendo por la llaga que no cicatriza. Los odios se arraigan más y el País es el que sufre las consecuencias. Un ejemplo más de la polarización que se vive se está dando en esta reforma electoral que el señor del Palacio Nacional ha querido imponer por la fuerza, cuando sabe que la sociedad no la va a captar.
Marchas nacionales han sido realizadas por los que están en contra de la reforma electoral como por los que quieren que se lleve a cabo. Los que está en contra se manifestaron de manera natural sin acarreos y sin derroches financieros.
Los que están a favor de la reforma electoral gastaron millonadas del presupuesto porque fueron obligados a concentrarse en la explanada de la plaza de armas del país y las arcas oficiales sufrieron un quebranto que difícilmente serán resarcidas en los próximos años.
Si pierde Morena la elección presidencial, parece que habrá en el País un primer expresidente que pisará la cárcel, después del movimiento revolucionario.
Las condiciones no son para no hacerlo. Se tendrá que designar un fiscal especial por el Congreso para investigar los hechos que dejará el que se irá en el 2024.
Los servicios públicos en el País se han empeorado. Carreteras en mal estado, seguridad pública infame, procuración de justicia plagada de complicidades e impunidad, fuerzas armadas entrampadas en su uniforme de policía que no han sabido dignificar, fideicomisos públicos disueltos y sus fondos perdidos porque no se sabe cuál fue su destino. Un sistema de salud deficiente y desabastecido.
Un Presidente que quiere ahogar financieramente a las universidades públicas, porque están amenazadas de suspenderles el subsidio si no se cumplen las determinaciones del SAT y de Hacienda federal, de gravar las prestaciones que reciben los trabajadores a su servicio, no obstante que el contrato colectivo de trabajo diga lo contrario.
Les vale un soberano cacahuate la constitucionalidad del contrato colectivo de trabajo y sus alcances legales, porque ese pacto colectivo.es la vía idónea para que los trabajadores organizados en sindicatos obtengan esos beneficios a través de las convenciones colectivas.
El gobierno federal irracionalmente ha obligado a las universidades a confrontarse con sus organizaciones sindicales y con los trabajadores, porque se ha ordenado gravar prestaciones, como el aguinaldo, que habían venido estando exentas porque así se estableció en los contratos colectivos de trabajo celebrados con sus sindicatos.
Gravar las prestaciones que perciben los trabajadores universitarios aun cuando el contrato colectivo de trabajo que los ampara dispone otra cosa puede ocasionar que los trabajadores reaccionen violentamente contra un gobierno autoritario y no contra las instituciones educativas que se ven obligadas bajo la amenaza de suspender subsidios sino se cumple con retener los impuestos ordenados.
Hay cerrazón total, los Rectores están preocupados por lo que puede suceder. Por lo pronto los trabajadores han decidido irse a los tribunales, pero el hilo está muy sensible y puede ocurrir lo no deseable, que los trabajadores agarren la calle y exijan al gobierno el respeto cabal a sus derechos. El País, se puede incendiar. Los partidos políticos tienen un material precioso que pueden explotar para revertir ese abuso de la autoridad federal.
¿Usted qué opina?
