Parece que desde el gobierno hay resistencias a voltear a los sectores de la sociedad civil para comprometer acciones compartidas y recuperar la tranquilidad perdida.
3 de septiembre de 2025.
No es con demandas que exijan que el gobierno sea quien se encargue de desterrar la inseguridad y la delincuencia. El discurso social no es honesto cuando desde el interior de las familias se forman los generadores de violencia.
¿Cuántas familias enfrentan problemas de disfuncionalidad? La drogadicción, el alcoholismo y la prostitución es una realidad que debe ser atendida y no ignorada. Las instituciones responsables de implementar programas que las prevengan estarían contribuyendo de manera satisfactoria con la recuperación del tejido social.
Vivimos dentro de una sociedad enferma. Los antídotos para curarla están en los programas preventivos y no con el uso de la fuerza policial. No se desconoce que el uso de la fuerza pública es un recurso extraordinario porque hay que detener a todos aquellos que quieren el caos y sacar la mayor ventaja para sus objetivos delinc enciales.
La estrategia del combaste a la inseguridad no se hace con el uso exclusivo de la policía o de la milicia, porque lo único que se obtiene es abultar los centros penitenciarios de escorias humanas, abatirlos en enfrentamientos o sencillamente desaparecerlos.
El gobierno debe tener censos de familias con problemas de desintegración y los potenciales riesgos de estar formando delincuentes. Por todos los puntos cardinales de las ciudades aparecen centros de rehabilitación, pero se desconoce si tienen control de las autoridades o si se crean por propia iniciativa de comerciantes que se aprovechan de las precarias condiciones de salud de los que por alguna razón son presa de las adicciones.
El gobierno cuenta con instituciones que tienen a su cargo la promoción de programas preventivos y con capacidad para implementar medidas que socialmente retribuyan confianza en sus resultados.
El inconveniente es que esas instituciones padecen de parálisis mental porque teniendo presupuesto oficial no lo ejercen para vigilar y apoyar con personal especializado los centros de rehabilitación como vías para la regeneración de un tejido social que urge sanearlo.
Eso no quiere decir que sean medidas únicas, el trabajo debe ser más profundo ya que muchos de los que se forman en las filas de la delincuencia no hay sido motivados para incorporarse a instituciones de educación para retirarlos de los frentes de batalla a donde son enviados por quienes se resisten a fomentar el orden y la tranquilidad.
Los núcleos familiares han sido la fortificación de muchos promotores de violencia, porque desde edades muy tempranas no conocieron otro sistema de vida que no fuera el manejo de armas para delinquir, el consumo de drogas y el alcohol. Su destino lamentablemente es la cárcel o lo mas lamentable la desaparición o su muerte.
Esta guerra delincuencial, que ya lleva casi un año, ha dejado la más decepcionante de las evidencias porque en esta lucha quienes han perdido la vida son jóvenes con rangos de edades que oscilan entre los 20 a los 35 años. Edades propicias para haberse formado profesionalmente y no haber sido presa de las balas asesinas.
Lo que aquí se manifiesta, quizá no sea nada de la verdadera realidad del problema, son mucho más los componentes criminógenos que se requieren analizar para poder enfrentar eficazmente un desafío que nos puede afectar a todos.
Educación y la atención oportuna a las familias en situación de riesgo, es un compromiso de la sociedad, de los empresarios con los trabajadores y sus familias y las autoridades en general. Es el reto que nos obliga a redimensionar las acciones del gobierno y de la sociedad para sanear lo que al parecer todavía tiene solución. El tejido social
¿Usted qué opina?
