La incertidumbre asoma en las inquietudes minoritarias. La Universidad Autónoma de Sinaloa atraviesa por dificultades presupuestarias reales.
3 de febrero de 2026.
La reingeniería que ha sido puesta en marcha, no lleva como propósito afectar los derechos de nadie. Solo se determinó poner orden a una situación que se tardó demasiados años para voltear a ver las grietas que se han generado por el crecimiento numérico de personal jubilado.
La Universidad no puede quedar estancada ante una realidad que no se quiere reconocer. El crecimiento en la matrícula es innegable, la necesidad de contratar nuevo personal es una realidad que no tiene objeción, las cargas presupuestales se constriñen a cumplir con ese deber fundamental.
Otra realidad que no puede desdeñarse, es la implantación como política nacional la cobertura universal. Ningún joven debe quedar sin la posibilidad de encontrar en un espacio en las instituciones públicas de educación superior. La Universidad Autónoma de Sinaloa, ha venido aplicando esa política nacional y no se le ha retribuido presupuestalmente ese crecimiento natural que ha permitido a numerosos jóvenes encontrar un espacio en la UAS para acceder a una carrera profesional.
Las exigencias presupuestales aparecen continuamente y la federación conjuntamente con el estado entregan anualmente el subsidio con el que ordinariamente debe funcional la Casa de Estudios. El subsidio garantiza permitir el funcionamiento operativo y administrativo institucional incluyendo el pago de salarios y prestaciones al personal académico y administrativo activos, no jubilados.
Nadie pone sobre la mesa de las discusiones que los trabajadores tienen el derecho de organizarse colectivamente en sindicatos y que por ese motivo estén en aptitud de celebrar contratos colectivos de trabajo. Pactos colectivos, en los que se pueden convenir el otorgamiento de prestaciones como la jubilación dinámica, por ejemplo.
Sin embargo, la jubilación no es cualquier prestación. Para incorporarla en los contratos colectivos de trabajo debe haber conciencia plena de establecer condiciones que la hagan viable y cuya sostenibilidad vitalicia sea segura y que en el tiempo no se corra el riesgo de poderla perder.
Los celebrantes de ese pacto colectivo, fueron omisos de crear un sistema de financiamiento para dicha prestación. No se hizo, por lo que haya sido. Lo cierto es que no se previó una situación de alto riesgo, que pudiera colapsarla. Hoy aparece ese fantasma de poderla desaparecer.
Una prestación de las dimensiones de una jubilación requiere solvencia presupuestal permanente, solo que las instituciones como la Universidad Autónoma de Sinaloa, subsisten con financiamiento del gobierno, y ese financiamiento se destina para que la educación encargada a esta Casa de Estudios se cumpla en los términos decretados y que el personal ordinario se hará con cargo al presupuesto que se reciba para tales fines. El subsidio, no considera el pago de una prestación como es la jubilación, sino salarios y prestaciones para el personal activo.
Que no se engañen esos inconformes. El derecho a recibir el beneficio en numerario de la jubilación para quienes la disfrutan, no es objeto de discusión, tampoco si se trata de un derecho adquirido o no. La verdad no puede ocultarse, este es un problema real de presupuesto, y una política nacional de contribuir todos por igual para su financiamiento. Toda oposición a atender esa disposición del gobierno federal pondría en riesgo que ese derecho subsista para todos.
Nadie coarta el derecho de recurrir a los tribunales si esa es la determinación de algunos. Que proceda, es una consecuencia que la sabrán en su momento. Las condiciones jurídicas y políticas de hoy, no son iguales o parecidas a las del dos mil ocho. Lo cierto es que la reingeniería va, no hay marcha atrás y las decisiones que se tomaron solo se dirigen a beneficiar a todos, incluyendo a los inconformes, para que no pierdan ese derecho que defienden y que presupuestalmente está vacío.
El privilegio de la doble jubilación está en los jubilados de la UAS, ya que, junto con ella, también reciben la pensión por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Este no es un asunto de corrupción, las auditorías que periódicamente realiza la Auditoría Superior de la Federación se encargan de observar lo que se debe corregir en la Universidad, por lo que toda exigencia de auditorías particulares como lo señalan en ese discurso los inconformes, no tienen ningún fundamento. Si hay que corregir irregularidades históricas en la institución, la reingeniería también lo contempla.
¿Usted qué opina?
