Promover el desarrollo regional y el bienestar social es la misión histórica del estado y la república. Cumplirlo con transparencia y honestidad, es el reto que no se ha logrado cumplir.
Sinaloa, sigue registrando rezagos considerables. La zona serrana apartada de servicios esenciales y en condiciones deplorables; la inseguridad sigue siendo el talón de aquiles y ha propiciado no solo muertes y temor, sino también desplazamientos masivos de grupos sociales con el consecuente abandono de bienes y viviendas; las zonas urbanas siguen careciendo de infraestructura de calidad, la agricultura y la pesca parece que no forman parte de la agenda de prioridades en la administración estatal. Entre otros muchos.
Sin embargo, habría que destacar que el desarrollo regional que presume el Gobernador es la infraestructura física instalada para detonar el desarrollo turístico de Mazatlán.
Tampoco escapa al ojo ciudadano, que el Gobernador es de Mazatlán. ¿será moralmente permitido elogiar el programa de mejoramiento de la infraestructura urbana de Mazatlán para situarlo como un centro de atractivo para el turismo nacional y extranjero? Lo menciono porque el Gobernador es empresario hotelero del centro turístico en mención.
El mejoramiento de la infraestructura urbana le beneficia directamente a sus empresas y la obra se ha hecho con recursos públicos de los gobiernos estatal y federal.
Sinaloa, no solo es Mazatlán. ¿Un asunto del sistema estatal anticorrupción?, porque difícilmente los sinaloenses veríamos que la oficina de transparencia dependiente del Ejecutivo se atreva a cuestionar alguna ilegalidad en la inversión pública realizada en el mencionado puerto. ¿Se declarará incompetente para ese asunto dicho sistema
anticorrupción? El probable conflicto de interés debe quedar deslindado si en realidad quiere combatirse de fondo el problema de la corrupción. Que se conozca el monto de la inversión y el o los operadores (nombres de personas físicas y no de compañías constructoras) de la obra pública realizada en dicho lugar.
Recursos públicos para realizar obra no ha faltado, principalmente en Mazatlán. Lo que sorprende, es la falta de recursos en las dependencias de gobierno para hacerlas eficientes y funcionales. Hay desanimo y no se fiscaliza el trabajo. El rezago se abulta más cada día. Las oficinas carecen hasta de papelería para sacar el trabajo. Está por
concluir la administración estatal y se escasea el presupuesto, es la justificación para recortar los insumos que se requieren.
¿Tendremos los sinaloenses la oportunidad de verificar el patrimonio con el que llegó al asumir el cargo el ahora gobernador y sus colaboradores y el patrimonio con el que concluirán su gestión gubernamental? Los ciudadanos tenemos el derecho de conocer esa información porque la reserva no debe aplicar para quien se ha desempeñado en un cargo público y obtenido ingresos por la función realizada.
Es tiempo de reconocer al servidor público cumplido, pero también repudiar al servidor público corrupto. Ese ha sido el compromiso día a día del Presidente de la República y replicado por el Gobernador electo. Queremos un Sinaloa transparente y un desarrollo regional efectivo.
Corresponde al mismo sistema estatal anticorrupción, no se ha informado a la sociedad Sinaloense, si revisó la veracidad de los incrementos salariales que al parecer se autorizaron en algunos organismos públicos estatales autónomos y que escapan de la transparencia presupuestal. Es de estricta legalidad que, si el Congreso estatal es el que autoriza los salarios y prestaciones conforme al presupuesto aprobado, de igual forma, toda modificación al mismo deberá ser autorizado por el propio Congreso. Transparencia y legalidad debe ser la premisa del servidor público en el puesto que desempeñe, y, si no, que se le penalice.
¿Usted qué opina?
