El voto ciudadano es lo que más interesa en una elección político partidista. Promesas incumplidas hacen que se vuelvan rutinarias e inmorales.
Lunes 24 de abril de 2023.
Poco más de cuatro años han transcurrido en esta administración federal y la policía civil federal se ha ido rezagando dentro de los compromisos políticos realizados por el ahora Presidente. Prometió regresar a los soldados a los cuarteles y no solo no lo hizo, sino que disolvió la policía federal y formó la pomposamente denominada Guardia Nacional Militar.
La estrategia federal de la militarización de las policías en el país se ha ido revirtiendo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación aplicando con rigor el mandato constitucional restituyó a la Guardia Nacional el mando civil sacándola de la Secretaría de la Defensa Nacional a quien se le había obsequiado la pertenencia y el control operativo de dicha corporación militar.
Ante la pulcra determinación de la Corte, el Presidente y algunos Gobernadores reaccionaron cuestionando esa decisión jurisdiccional, lo que pone de manifiesto una vez más que el respeto a la constitución federal es lo que menos interesa en esta administración político morenista.
Saben bien los Gobernadores, que no han hecho nada en sus Estados para rehacer los estados de fuerza de sus corporaciones policiales. Se han atenido a una Guardia Nacional que ni hace nada ni tampoco resuelve el problema de la inseguridad. Una creación política fallida.
En Sinaloa, ha sido muy triste el papel desempeñado por la Guardia Nacional, por lo que no hay forma de sostener en los hechos, que en Sinaloa dicha corporación militar esté reduciendo los indicadores de criminalidad e inseguridad. Falsedad evidente.
El reconocimiento que se hace a la Guardia Nacional es puramente político, porque resultados no los hay es un proyecto totalmente fracasado. Es triste que los gobiernos estatales se hayan quedado sin voluntad política para recuperar la seguridad pública a través de las policías civiles en Estados y municipios.
El soldado carece de la sensibilidad necesaria para compartir programas de prevención con la sociedad. Su formación bélica le impide actuar basado en el respeto a la legalidad. Por eso el reproche internacional al gobierno mexicano de que saque al ejército de las calles por riesgo que representa a los derechos humanos de la sociedad en general.
No compartimos los cuestionamientos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Constitución Federal establece que la seguridad pública será competencia de las instituciones de policía civiles pero a los morenistas y partidos satélites cómplices les importa un soberano cacahuate respetar esos principios de nuestra carta fundamental del País.
En Sinaloa, la determinación política de crear las condiciones necesarias para recuperar el mando civil de las instituciones policiales en su totalidad todavía está muy lejos. El compromiso político de sostener a la milicia en los asuntos de seguridad pública importa más que respetar nuestro marco de constitucionalidad. La seguridad pública es un patrimonio del pueblo y no de los políticos corruptos y desleales a su compromiso social. La Universidad de la Policía ha resultado ser un adorno en el aparato burocrático estatal.
La inseguridad ciudadana es una realidad. La impunidad criminal sigue siendo una deuda que le causa muchos trastornos sociales al Estado. Por todos lados se escuchan reclamos y en Mazatlán la sociedad ya se hartó y salió a la calle a demandar el destierro de la inseguridad que no los deja en paz.
Las tensiones políticas entre la UAS y el Estado se han tornado críticas. Se han impuesto medidas de respeto a la autonomía de la Universidad y ya se previno también que la Auditoría Superior del Estado deje se entrometerse en los asuntos internos de la UAS. Como represalia, se decide quitar el modesto equipo de seguridad personal que el Estado le había destinado al Rector. Lo deja a expensas de que pueda sufrir un atentado. El fanatismo de algunos puede resultar peligroso.
La UAS no se toca, la autonomía se respeta.
¿Usted qué opina?
