¿ULTRAJE O TERRORISMO DEL GOBIERNO DE SINALOA CONTRA RADIO UAS?


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Ninguna Ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, un derecho fundamental previsto en el artículo 7° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Jueves 3 de agosto de 2023.

Se cuestiona al gobierno que no cumple a cabalidad con las expectativas ciudadanas de garantizar la seguridad colectiva y desterrar la impunidad. La paz está muy lejos de alcanzar.

El Estado se desmorona con las guerras emprendidas por los cárteles de la droga que en su lucha por arrebatar el control de las zonas de producción de drogas no les importa dañar la seguridad personal y provocar la estampida de los habitantes de las comunidades abandonando pueblos y rancherías por la violencia que tiene aterrados a los habitantes de las zonas serranas de Sinaloa.

El gobierno sin estrategias para combatir a los grupos criminales que prácticamente les ha entregado el control de la seguridad estatal, se ofende con los cuestionamientos que, desde la plataforma informativa de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, se difunde un periodismo crítico pero objetivo y profesional.

La guerra política desatada por el gobierno del Estado en contra de la Universidad Autónoma de Sinaloa y sus autoridades rebasa los límites de la tolerancia y se corre el inminente peligro de desatar la furia de la comunidad universitaria agravada por los actos arbitrarios de quien gobierna.

No habrá retrocesos en las acciones ya emprendidas. Las jurídicas siguen multiplicándose en favor de la Universidad Autónoma de Sinaloa y los fracasos han sido el común denominador en la defensa gubernamental. Es la causa de tener ese descontrol y los arrebatos que les pueden resultar muy caros en sus consecuencias.

No afecta la amenaza de que en caso de manifestarse la comunidad universitaria saliendo a las calles a protestar contra el gobierno autoritario de Sinaloa, se mande la anunciada iniciativa de Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa al Congreso del Estado, porque saben que una acción de esa naturaleza pondría peor las cosas para la administración estatal.

Los habitantes de la sierra de Sinaloa Municipio claman paz y tranquilidad y el destierro de las gavillas que azotan la seguridad de sus habitantes. Viven bajo la lluvia de metralla y la policía y el ejército hacen presencia que provoca la risa de los gavilleros. A ese nivel de impunidad se vive en Sinaloa.

Pero la policía que debe estar persiguiendo a los delincuentes sierreños, los mandan a cercar las instalaciones de la Radio Universidad Autónoma de Sinaloa poniéndole cinco patrullas de la policía estatal con seis elementos policiales cada una, o sea, que se destinaron treinta elementos de policía para intimidar a los comunicadores universitarios e impedir que se llevara a cabo el noticiero vespertino de Punto Universitario.

La orden, por lo que se vio, llevaba más contenido que la presencia policial intimidatoria, era la de detener a los responsables del programa informativo Wilfrido Ibarra Escobar y Víctor Hugo Aguilar Gaxiola. Ese es el nivel de desesperación al que se ha llegado en esta escalada de violencia política contra la Casa de Estudios Rosalina y sus autoridades. La Ley de Educación Superior de Sinaloa, será rechazada y seguro también que será declarada inconstitucional por violatoria a la autonomía universitaria. Una bofetada a la soberbia política gobernante.

¿Reaccionará en esta nueva forma de reprimir la soberanía informativa la Comisión Estatal de Derechos Humanos contra un gobierno que se duele por la crítica y por el desorden que aqueja la seguridad estatal y que no hace nada para darle a los sinaloenses paz y tranquilidad? Es una misión que le toca resolver.

Las condiciones políticas se tornan difíciles y preocupantes para las autoridades estatales, se desesperan y siguen cometiendo más errores. La defensa jurídica universitaria se desliza sin obstáculos, el golpe final llegará con la inconstitucionalidad de la Ley de Educación Superior de Sinaloa. Solo hay que esperar.

La UAS no se toca, la autonomía universitaria se respeta.

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