La función del ministerio público desde sus orígenes debió ser una de las instituciones de mayor confianza y presencia social. El poder político lo ha degradado.
Miércoles 9 de marzo de 2022.
Siempre han existido intereses que proteger y una de las instituciones que mayor rentabilidad ha tenido históricamente ha sido la encargada de investigar los delitos. Los crímenes no son propios de la actividad de los particulares.
El crimen se fragua también desde las esferas del gobierno.
Ha resultado de mucha facilidad que los expedientes criminales se integren con bastantes omisiones en la recopilación probatoria que ocasiona que el delito no se resuelva y permanezca impune. El delincuente permanece libre.
Cuando decidía el ministerio público ejercer la acción penal, en el sistema tradicional, los juzgadores penales les negaban el libramiento de las ordenes de aprehensión y ordenaban el archivo del expediente por insuficiencia probatoria y corría el plazo para que el investigador aportara nuevos y distintos elementos probatorios para continuar con el proceso. Formulas muy efectivas en el pasado para evitar el castigo al delincuente.
Las ordenes de aprehensión, no ha sido problema del pasado, se sigue observando el terrible rezago de las que no son ejecutadas.
Se cuentan con los dedos de la mano las que llegan a ser cumplidas por la policía de investigación. En muchos casos permanecen sin ejecutar porque son negociadas por la misma autoridad.
El interés político es muy recurrente en los favores de protección a criminales, principalmente los relacionados con la delincuencia organizada. Seguramente sea la causa por la que los nombramientos de los titulares de las fiscalías respondan a ese tipo de compromisos.
Tener a modo al fiscal, facilita la acción de gobierno. La procuración de justicia se vuelve selectiva y se fomenta la impunidad.
El delito crece y al delincuente se le protege. En el todavía llamado nuevo sistema penal, aunque se esté volviendo viejo, los fiscales llegan a los juzgados de control, en muchos casos, sin conocer la carpeta de investigación.
Es una forma de ayudar a la defensa y facilita la libertad del imputado. ¿Convendrá al sistema que así funcione?
Es mucho lo que habría que decir dentro de este tema que aparenta ser complejo pero que a la vista de quien conoce resultaría muy simple. Como ejemplo, revisen el caso de los hechos en Sanalona. El homicidio brutal de las jovencitas de Tamazula. Una mugre de investigación.
Hoy conmociona otro hecho a la sociedad mexicana. El Fiscal General de la Nación se involucra en un crimen de familia. La Institución del Ministerio Público, es utilizada para exigir castigo sin guardar los límites que la constitución impone.
El Fiscal debió excusarse. La ley lo obliga en esos casos. Incurrió en delito al obtener ilegalmente el proyecto de sentencia sin ser votado por el Pleno de la Suprema Corte. Lo analiza con sus subordinados y su conversación grabada.
El escándalo mediático se hizo grande inmediatamente. El Presidente se ofendió por la conversación grabada, y no por la conducta desleal al interés de justicia de su Fiscal General.
El espionaje que bien que se investigue, pero también que se castigue la deslealtad institucional.
Un sistema de procuración de justicia que se degrada y no se hace nada por rescatarlo. Quizá sean comentarios que no llenan el bolsillo de los pobres, pero lo pongo a su consideración.
¿Usted qué opina?
