Los contratos colectivos de trabajo como instrumentos de mejoramiento a las prestaciones mínimas legales. No son determinantes sus disposiciones en todos los casos que regule.
14 de octubre de 2025.
La finalidad de esos instrumentos jurídicos incorporados a nuestro sistema jurídico, llevan una misión esencial, como obtener prestaciones superiores a las mínimas fijadas por la ley laboral. Los actores directos para lograrlo son los sindicatos de trabajadores o las coaliciones cuando se constituyen.
Los artículos constituciones que regulan los derechos de los trabajadores son diversos como el 115, 116 y 123 en sus dos apartados “A” y “B”. en ninguno de ellos se regula el derecho jubilatorio.
Las leyes reglamentarias de dichos preceptos no regulan tampoco el derecho a la jubilación sino un sistema de pensiones que obligan a los titulares de la relación laboral a realizar aportaciones a las instituciones de seguridad social conforme los porcentajes que las mismas imponen.
Solo en algunas empresas descentralizadas del gobierno federal son las que sentaron precedentes para incorporar en sus contrataciones colectivas el derecho a la jubilación, que operaría de manera colateral a los derechos de la seguridad social para sus trabajadores. Como es el caso, entre otras muchas, CFE, PEMEX, TELMEX, y en las Instituciones Públicas Autónomas por ley.
Los regímenes jubilatorios en las empresas descentralizadas se constituyó el sistema de pensiones con aportación de sus beneficiarios, mismos sistemas que, hoy en día, enfrentan crisis que han obligado a revisarlos para fijar nuevas condiciones que permitan conservarlo y no desaparecerlo.
Los que no sentaron el precedente contributivo fueron los trabajadores al servicio de las instituciones de educación superior. Una omisión que ahora hace crisis. Por muchos años, debe reconocerse, hubo una evidente permisibilidad por el gobierno federal como fuente concesionaria del subsidio; sin embargo, ante el crecimiento gradual de las IES en matrícula, personal académico y administrativo, infraestructura educativa e insumos para educar, así como prestaciones contractuales presionaron las finanzas que ocasionaron la alerta y preocupación de las autoridades federales.
La reingeniería propuesta y aprobada por el Consejo Universitario Rosalino, ha sido una medida que trascenderá en la historia universitaria porque sentará las bases de una reforma integral en la administración del presupuesto y normatividad de la universidad pública.
La federación sigue la realización de los cambios en la Universidad Autónoma de Sinaloa, porque el saneamiento es un imperativo en los campos de actuación de la UAS y que incluye, sin duda, una prestación que deberá ser sustentada con la aportación de todos como es la jubilación dinámica.
El llamado a la mesura seguirá siendo un antídoto que permita el sostenimiento de la fuente financiera que la UAS requiere para seguir cumpliendo con el pago comprometido en el contrato colectivo de trabajo.
Las diferencias construyen consensos que se dirijan a la protección de derechos que nos interesa que prevalezcan en favor de todos de manera vitalicia. Judicializar la protección no es la mejor decisión.
La defensa en un juicio, no es solo de una parte, es de do o más, por lo que la estrategia de cada uno no necesariamente deberá seguir la misma dirección procesal. Los pedimentos pueden variar y, en algunos de ellos, causará malestar, como sería el caso de solicitar la suspensión de la percepción jubilatoria, porque pondría en riesgo el derecho de las mayorías y la estabilidad financiera de la institución como patrón.
No es un derecho exclusivo de los demandantes, no olviden que un juicio es un riesgo para todos. Asúmanlos. La federación, espera resultados, la consulta del pasado diez de octubre, despeja horizontes aun nebulosos para que la federación resuelva sobre los apoyos presupuestales que se requieren. El fondo de pensiones es una realidad que no variará en el futuro. La jubilación, es un derecho de todos. Todos debemos defenderla con el fondo que se constituya.
¿Usted qué opina?
